Rechazada la enmienda a la totalidad de CHA al proyecto de reforma de la Ley del INAGA

Las Cortes de Aragón han rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) al proyecto de ley de reforma del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en la sesión plenaria de este jueves. PP, PAR y PSOE han votado en contra, mientras que IU se ha abstenido.
El diputado Joaquín Palacín
El diputado Joaquín Palacín
EUROPA PRESS
El diputado Joaquín Palacín

Las Cortes de Aragón han rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) al proyecto de ley de reforma del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en la sesión plenaria de este jueves. PP, PAR y PSOE han votado en contra, mientras que IU se ha abstenido.

Ha defendido el proyecto de ley el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, quien ha afirmado que el INAGA "ha demostrado su eficacia" y que es importante que siga mejorando su funcionamiento.

Este proyecto de ley regula "con mayor detalle" la función de los órganos directivos del Instituto, permite hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a relacionarse telemáticamente con la Administración ambiental, impulsa el acercamiento de los servicios al ciudadano y posibilita la realización simultánea de trámites que ahora se llevan a cabo de manera sucesiva, ha expuesto Lobón.

El anexo que recoge los aproximadamente 80 procedimientos se reformará mediante Decreto para agilizar el trámite, ha agregado Lobón, indicando que este es un ámbito en permanente mutación.

El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha aseverado que el INAGA "no ha solucionado los problemas que se suponía que iba a resolver", principalmente el atasco de expedientes, y ha considerado que en un momento como el actual "no tiene ningún sentido que se trabaje con dos entidades" —el INAGA y la Administración— cuando lo que se pretende es simplificar esta última.

"El INAGA no tiene buen nombre entre los profesionales, los ciudadanos y las empresas", ha proseguido Palacín, en cuya opinión "no ha servido de nada desmantelar la estructura administrativa del Departamento". CHA pide la supresión del Instituto por considerar que los procedimientos administrativos deben realizarse desde los órganos administrativos, sujetos al Derecho de la Administración.

Ha expresado que la objetividad "no está asegurada", lo cual "es un grave problema". Ha hecho notar que las autorizaciones de residuos responden a criterios distintos. Se ha dirigido a los populares para espetarles que "están haciendo lo contrario de lo que están pidiendo en Madrid".

"UTILIDAD"

El parlamentario del PP, José Manuel Cruz, ha señalado que el INAGA lleva funcionando 10 años, tiempo durante el cual "ha demostrado su utilidad". Ha recalcado que el personal incorporado procede en su totalidad de la Administración autónoma y que, de hecho, el 92,5 por ciento son funcionarios y solo cinco empleados forman parte del personal laboral de la Diputación General de Aragón.

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, ha destacado que los informes del INAGA los elaboran los funcionarios y ha tildado de "atrevimiento" que se ponga en duda que un informe elaborado por un funcionario no sea objetivo. Ha justificado la reforma legislativa por la modificación de la normativa medioambiental desde que se pusiera en marcha el Instituto, hace 10 años.

El parlamentario del PSOE, Alfonso Vicente, ha dicho que la ley vigente es "suficiente" y ha rechazado el proyecto de ley de reforma, al tiempo que ha criticado las reformas emprendidas por el PP porque todas han consistido en "recortar".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, cuyo Grupo se ha abstenido, ha afirmado que la "crisis bárbara del capitalismo" se está llevando por delante los servicios públicos y también el medio ambiente.

Ha defendido la mejora de la gestión de la Administración apoyándola en criterios sociales, económicos, ambientales y de modelo de desarrollo productivo. Ha criticado a quienes se ponen del lado del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien ha rebajado los requerimientos para permitir el fracking o fractura hidráulica.

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