Los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León han criticado este miércoles la retirada de armas de defensa, a pesar de gozar de la consideración de Agentes de la Autoridad y Policía Judicial en sentido genérico recogida en la Ley de Montes.

Así lo ha advertido este colectivo de funcionarios públicos, que cuenta con casi ochocientos cincuenta agentes en Castilla y León y unos cien en la provincia de Burgos, el cual realiza servicios de vigilancia y control de aprovechamientos forestales, lucha contra el furtivismo y los delitos ecológicos, se encarga de la vigilancia y extinción de incendios forestales así como de la investigación de sus causas y de la persecución de los autores, colabora con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en asuntos de seguridad ciudadana en el medio rural, etcétera.

En un comunicado remitido a Europa Press, los agentes han señalado que muchos de ellos "corren un gran riesgo" al desarrollar "su peligrosa labor", con el agravante de que en la mayoría de las ocasiones "la realizan en solitario" y, en el mejor de los casos, el posible auxilio se encuentra "a más de treinta minutos desde que se envía un aviso por la emisora".

Esta particular situación obliga a que en muchas ocasiones los servicios de vigilancia tengan que enfrentarse en solitario a bandas de cazadores furtivos organizados, recolectores ilegales de setas o incendiarios y en varias ocasiones han tenido que soportar "desconsideraciones, insultos, amenazas con armas de fuego e incluso agresiones y palizas", como la recibida por una agente en Segovia a primeros de 2012 por parte de personas que utilizan los recursos naturales sin ajustarse a las normas.

A la vista de estos hechos, estamos perplejos ante la postura de la Junta de Castilla y León, que, "sin ninguna razón de peso aparente", está obligando a los Agentes Medioambientales de todas las provincias de la región a que depositen las armas en las intervenciones de armas la Guardia Civil por "irregularidades en el procedimiento de custodia".