Los casi 265.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía se quedarán en 2014 por tercer año consecutivo sin cobrar los complementos autonómicos en sus pagas extra de junio y diciembre. Esos complementos oscilan entre los 400 y 800 euros por paga, según UGT.

A principios de mes, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, dejó entrever que existía la posibilidad de volver a tocar el sueldo de los empleados en 2014. IU ha corroborado este miércoles esa medida, tras las filtraciones de datos que se han producido estos días.

El socio de Gobierno del PSOE señaló que los presupuestos de 2014, que se presentarán oficialmente la próxima semana, rondarán los 29.400 millones de euros, frente a los 30.706 de 2013.

Serán un 4,3% inferiores, debido al recorte de 1.200 millones de euros "impuesto" por el Gobierno central en los PGE, según PSOE-A e IU. Para la federación de izquierdas, este recorte afectará a "todos los ámbitos presupuestarios", aunque salvaguardando la educación, la sanidad, los servicios sociales y el empleo.

IU ha señalado que se recortarán las pagas extra de los trabajadores y las transferencias a los entes instrumentales de la Junta (empresas públicas, agencias...) en más de un 4,3%. Y que habrá "auditorias activas" en estas entidades para ver qué gastos "superfluos" se pueden eliminar.

El presupuesto del Parlamento caerá un 4,4% y se congelarán las retribuciones de diputados y personal de servicio de la Cámara. Eso significará reducir un 2,8% sus gastos de personal. Para la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz habrá un total de 4,9 millones de a, un 2,6% menos.

Mientras, el PP-A mantiene que la Junta podría ahorrar más de 1.200 millones si eliminara "toda la grasa política" de las entidades de su administración paralela, suprimiendo altos cargos, delegados...

Las organizaciones sindicales se oponen a que los recortes afecten a los trabajadores y prevén movilizaciones si no hay marcha atrás.

CC OO-A se posiciona "radicalmente en contra" y CSIF insiste en que antes se puede recortar en asesores, coches oficiales o embajadas.

El Sindicato de Funcionarios (SAF) recrimina al Gobierno regional que se escude en el Estado para "mantener la congelación" de los sueldos de sus trabajadores, mientras que el Sindicato de Enfermería (Satse) advierte a la Junta que "se atenga a las consecuencias".

Por último, Ustea recuerda que los empleados públicos han perdido un 30% de poder adquisitivo estos años.

Por otra parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles al Gobierno central de lanzar una "OPA hostil" contra Andalucía de 1.200 millones de euros de ajuste a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014, y ha hecho un llamamiento al Parlamento andaluz para "combatir" esta situación.

Montero, que ha abierto el debate en la Cámara autonómica sobre la incidencia en Andalucía del proyecto de PGE para 2014 que habían solicitado PSOE-A e IULV-CA, ha dicho que Andalucía "se merece algo mejor", pese a lo que ha asegurado que la Junta dará "respuestas reales" porque los poderes públicos tienen la obligación de garantizar las necesidades sociales básicas.

La responsable de Hacienda y Administración Pública ha señalado que se están abriendo "brechas de desigualdad" entre los ciudadanos y las comunidades autónomas, tras asegurar que Andalucía habría obtenido 3.000 millones más con una financiación similar a la media de las comunidades autónomas.

"No somos iguales, cada vez somos menos iguales y, desde esta Cámara, tendremos que combatirlo", ha señalado Montero, que ha emplazado al PP-A a que diga "abiertamente" si va a pedir que los presupuestos del Estado "cumplan con Andalucía", y le ha instado a "aunar esfuerzos".

Montero ha remarcado que los recursos de la Administración General del Estado se incrementan un 2,7 %, mientras que la financiación de las comunidades autónomas cae un 13,6 %. Y que, frente al aumento de los ingresos tributarios del Estado, las entregas a cuenta del sistema de financiación caen un 2,6 %, lo que conllevará que Andalucía reciba 347,5 millones menos en concepto de entregas a cuenta.

También ha recordado que el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, destinado a financiar educación, sanidad y servicios sociales, experimenta una bajada de un 3,5 % y el Fondo de Suficiencia Global disminuye un 25,4 % en el caso de Andalucía.

"Se continúa exprimiendo a Andalucía con una financiación de los servicios públicos por debajo de la media", ha denunciado la consejera, a la vez que ha lamentado que los presupuestos estatales "ahonden" los desequilibrios territoriales, pues se recorta un año más el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que en el caso de Andalucía supondrá disponer de 45,2 millones de euros menos que en 2013.

Así, ha reiterado que en 2014 se vuelve a realizar un reparto "absolutamente desequilibrado" del objetivo de déficit entre el Estado y las autonomías, y el hecho de que se fije este objetivo en función del PIB, en lugar de la población, perjudica a la comunidad.

Montero ha recordado que la exigencia de un objetivo de déficit del 1% en 2014 obliga a Andalucía a realizar un ajuste de 800 millones de euros en la previsión de gastos; que los PGE "lesionan" también a Andalucía con un reparto de inversiones que incumple lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, con lo que el déficit acumulado de inversiones supera los 743 millones de euros; y que los PGE fijan una inversión de 200,9 euros por habitante en Andalucía, frente a los 549 de Castilla León o los 486 de Galicia.

Por eso, PSOE-A presentará enmiendas a los PGE por valor de 2.500 millones de euros para corregir la posible "condena a muerte de la financiación que sería necesaria para mantener el Estado de Bienestar".

Así, los socialistas andaluces pedirán que se corrija el déficit de la inversión recibida por la comunidad desde 2008 (unos 2.200 millones); reclamarán un plan extraordinario de empleo (200 millones); y solicitarán que se compense la pérdida de inversión del Fondo de Cooperación Interterritorial.