La Comisión Constitucional del Congreso aprueba la reforma del Estatuto de Murcia, que abre paso a C-LM

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado la reforma del Estatuto de la Región de Murcia que permitirá al Gobierno autonómico aprobar decretos ley, una modificación impulsada por los tres partidos del parlamento murciano, PP, PSOE e IU, y que en la comisión ha contado con el apoyo también de CiU. UPyD ha expresado su oposición.

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado la reforma del Estatuto de la Región de Murcia que permitirá al Gobierno autonómico aprobar decretos ley, una modificación impulsada por los tres partidos del parlamento murciano, PP, PSOE e IU, y que en la comisión ha contado con el apoyo también de CiU. UPyD ha expresado su oposición.

Se trata de la primera reforma estatutaria que se tramita en esta legislatura y, su activación permitirá que antes de fin de año arranque su tramitación el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, impulsado por el PP para reducir el número de diputados autonómicos en esta comunidad, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Por el PP, Pilar Barreiro ha defendido esta modificación estatutaria y ha expresado su sorpresa por algunas reflexiones de otros portavoces sobre los posibles excesos que pueda cometer el Gobierno regional al utilizar el decreto ley. "Es un instrumento jurídico legislativo necesario", ha defendido, para recordar que hay un parlamento autonómico encargado de controlar al ejecutivo regional.

Por el PSOE, María González ha apoyada esta reforma puntual, pero ha recordado que se ha producido mientras los grupos parlamentarios de Murcia trabajan en un cambio profundo del Estatuto, cuyo impulso ha considerado imprescindible y que debe estar acompañado de una reforma de la ley electoral. "Responde a graves problemas económicos, de financiación, estructurales, déficits históricos que sufre mi región", ha dicho.

Jordi Jané, portavoz de CiU, ha explicado su voto a favor como el que siempre da su grupo a las reformas estatutarias y porque ve necesario que un gobierno pueda recurrir al decreto ley en un momento de urgente necesidad, aun cuando se corra el riesgo del abuso de esta figura.

Por la Izquierda Plural, Ricardo Sixto ha reiterado su apoyo a la propuesta porque se otorga a Murcia la capacidad de otros gobiernos autónomos. "Es cierto que se presta a abusos, y en esta cámara lo vivimos, es un instrumento susceptible de ser utilizado de mejor o peor manera", ha advertido, pero ha asegurado que su grupo liga esta reforma puntual al compromiso de los grupos murcianos de impulsar una reforma profunda del estatuto y también de la ley electoral.

Carlos Martínez Gorriarán, portavoz de UPyD, ha reiterado el voto en contra que ya dio su grupo a la tramitación de esta reforma en el Pleno del Congreso, ya que a su juicio no mejora el autogobierno "entendido democráticamente". Del decreto ley, ha dicho, "se abusa" y es una mala práctica llevarlo a las Comunidades Autónomas.

"No se trata de que Murcia no tenga derecho a ser gobernada por decreto ley, sino que nadie debería serlo", ha dicho. La portavoz 'popular' ha criticado este voto en contra "preventivo", ha dicho. "'Por si acaso van ustedes a abusar, no les dejo'", ha interpretado el voto de UPyD. "Son ustedes de otra categoría", ha añadido.

Primera de la legislatura

Esta reforma del Estatuto de Murcia tiene como único objetivo la inclusión en el artículo 30 del Estatuto de Murcia de un nuevo punto para habilitar al Gobierno regional, "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", a dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto ley, estableciéndose asimismo sus límites materiales y los trámites para su convalidación por la Asamblea Regional.

Además, el Congreso tiene pendiente tramitar, desde la anterior legislatura, una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para reclamar más financiación al Estado basándose en la denominada 'cláusula Camps', debate que se ha aplazado hasta en tres ocasiones en el Congreso a petición de las Cortes regionales por distintos motivos, lo que siempre ha conllevado la protesta de PSOE e IU, que avalan la reforma y se quejan de que el PP no la quiere debatir en el Congreso porque tendría que votar en contra.

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