Los 12 imputados acusados de un delito de "usurpación" en la Urbanización 'Los Álamos' de Mérida han declarado este miércoles, ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital extremeña, que han "abandonado" las viviendas "voluntariamente".

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el abogado de los imputados, Crescencio Canelo, quien ha informado de que, según las declaraciones de sus defendidos, algunos de ellos estuvieron alojados allí "esporádicamente", aunque ya se han ido "voluntariamente".

Según ha explicado, la mayoría de las personas acusadas "necesitaban" viviendas y estaban "completamente desahuciados", de manera que "ocuparon temporalmente algunas de las viviendas en Mérida".

"Lo han abandonado, incluso antes de prestar declaración, mientras que algunos locales comerciales están ocupados por la Asociación del Campamento Dignidad, constituida recientemente", ha informado Canelo, que indica que la asociación también tiene "voluntad" de abandonar los estos locales, y se encuentran a la espera de que el ayuntamiento les facilite un espacio tras constituirse como asociación.

Archivo del caso

El letrado ha mostrado su deseo de que el juez proceda al archivo del caso e inicie el procedimiento civil que considere oportuno, "aunque ya no sería coherente, porque ya no queda nadie allí", ha dicho.

Según ha explicado, la empresa urbanizadora se encuentra en un concurso de acreedores y, evidentemente, quien ejerce las veces de empresario, según el concurso de acreedores, es el administrador concursal, que ha iniciado mediante denuncia un procedimiento "equivocado", puesto que "no debería de haber sido un procedimiento penal, sino civil".

"Se pueden practicar más pruebas o, en un momento determinado, el juez instructor puede considerar que no hay entidad suficiente para continuar con estas actuaciones penales y proceda al archivo", ha explicado.

Así, ha defendido que el archivo sería "lo más razonable" porque "no existen indicios racionales de ningún tipo de actuación criminal, según el Código Penal".

"llevan abandonadas más de cinco años"

Por otro lado, el abogado de los 12 imputados ha resaltado que se trata de una serie de viviendas que "llevan abandonadas más de cinco años y que están terminadas al 80 por ciento". Así, ha recalcado que "fueron ocupadas ocasionalmente y por un tiempo muy prudencial por una serie de personas que necesita esas viviendas, y después de acordarlo en la asamblea del Campamento Dignidad".

En cuanto a su opinión jurídica, considera que "no se debería de haber iniciado este trámite, al menos debería de haber ido por lo penal". Por ello, considera que la administración consursal "debería de haber abierto un procedimiento civil, puesto que según el artículo por el que vienen siendo acusados no sería de aplicación".

"No hay ninguna voluntad de continuidad, la ocupación ha sido esporádica, única y exclusivamente, y existen otros procedimientos que son civiles y menos graves que son los que se deberían de haber iniciado", de la mano de "cualquier procedimiento civil de reclamación posesoria sobre la propiedad", ha dicho.

A su juicio, la administración concursal ha tirado "por la vía fácil para intentar incriminar a una serie de gente, necesitada en la mayoría de ellos, como posibles delincuentes; cuando en realidad lo que han hecho ha sido el uso de un derecho que tienen, que es el derecho a una vivienda digna, protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de la Constitución".

A este respecto, ha dicho que los imputados, "en ningún momento, han intentado quedarse con la propiedad, ni mucho menos".

Según ha explicado, se transmitió tanto a la administración, como a 'la Caixa', la posibilidad de establecer "un alquiler social, o por lo menos darle algún uso a estas viviendas que llevan abandonadas desde hace más de cincos años sin ninguna seguridad por ninguna parte, puesto que la empresa mantiene todo abierto".

"Nos consta, porque ha sido acompañado de la denuncia que interpone la propia administración consursal, que el ayuntamiento ha abierto un expediente de disciplina urbanística precisamente contra esa urbanizadora por la inseguridad que supone tener en las condiciones que tiene estas viviendas y confiamos en que razonablemente el juez procederá al archivo e inicien el procedimiento civil que consideren oportuno, aunque ya no sería coherente, porque ya no queda nadie allí", ha dicho.

Escritos de autoinculpación

Por otro lado, el abogado ha informado de que, mientras se tomaba declaración a los imputados, han sido presentados en torno a 50 escritos de 'autoinculpación' de diferentes ciudadanos.

Unos escritos en los que los firmantes "se autoinculpan también en el sentido de que comprenden las necesidades por las que están pasando mucha gente, que se ven obligadas a ocupar, puesto que no tienen una vivienda digna".