La Fiscal que ha acusado al exalcalde de Gondomar (Pontevedra), Martín Urgal, y al exconcejal de Urbanismo, Alfonso de Lis, así como a un abogado como cooperador necesario, por un delito de prevaricación urbanística continuada, ha concluido este miércoles que esos hechos están "acreditados" tras la celebración del juicio contra los tres acusados, en el juzgado de lo Penal número 2 de Vigo.

Según ha señalado la representante del ministerio público, los dos políticos prevaricaron cuando, de común acuerdo, se dictó una resolución de la alcaldía para apartar de sus funciones a la secretaria y a una técnica de administración de Urbanismo, a las que, según ellas mismas declararon, presionaban porque hacían "informes desfavorables con demasiada frecuencia".

"Dictaron la resolución a sabiendas de que era injusta", ha señalado la fiscal, quien ha incidido en que los miembros del gobierno no optaron por abrir un expediente disciplinario a las funcionarias, sino que decidieron la contratación de un asesor externo, el abogado José Martínez Torea (el tercer acusado), para poder así tener informes favorables en los expedientes de concesión de licencias urbanísticas.

Por otra parte, también ha subrayado otras irregularidades, como la contratación de ese asesor externo pese a los reparos de la intervención municipal, que alertaba de que se trataba de un contrato de mayor entidad de la declarada y que debía ser fiscalizado. Asimismo, la intervención apostilló que esa contratación suponía una duplicidad de gasto para las arcas municipales, puesto que el Ayuntamiento ya disponía de servicios jurídicos.

"cubrirse ante cualquier responsabilidad"

"Las técnicas no se negaron a informar sobre los expedientes, como sostienen los acusados, lo que ocurre es que eran desfavorables y ellos necesitaban informes favorables para cubrirse ante cualquier responsabilidad", ha proclamado la fiscal. "Se saltaron la vía legal", ha indicado, al tiempo que ha señalado a Martínez Torea como cooperador necesario en el delito, puesto que "conocía la problemática de Gondomar, y era el que tenía los conocimientos jurídicos".

La Fiscal ha solicitado que los acusados sean condenados a dos años de prisión, una multa de 22.500 euros y 8 años de inhabilitación para desempeñar un cargo público.

DEFENSA

Por su parte, la defensa de Urgal y de Lis, ha destacado en su informe final que no se han cumplido los requisitos que exige la ley para hablar de prevaricación en este caso. A su juicio, "pudo haber actuaciones no acertadas, pero no intención maliciosa".

En ese sentido, ha precisado que la resolución del alcalde en la que aparta a las dos funcionarias de su desempeño tuvo una "desacertada redacción". "Parecía entenderse que las apartaba, pero no se pretendió eso, de hecho, nunca se las relegó de sus funciones", ha explicado, al tiempo que ha indicado que las técnicas deberían haber recurrido a la vía contencioso-administrativa, en lugar de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía.

La letrada de los dos exediles ha insistido en que, cuando el gobierno de Urgal se hizo con las riendas del Ayuntamiento de Gondomar (tras una moción de censura que puso fin al mandato del nacionalista Antón Araúxo), "llevaba cuatro años sin resolverse un expediente".

Así, ha insistido en la tesis de que, ante esa parálisis y la negativa de las funcionarias a informar los expedientes de licencias, el gobierno local recurrió a un asesor externo para que informase esos expedientes con arreglo a las normas subsidiarias (que estaban en vigor, según una sentencia judicial y una resolución de la Xunta). "Intentar desbloquear la actividad urbanística del Ayuntamiento no puede tipificarse como delito", ha apostillado.

La abogada ha pedido la libre absolución de sus patrocinados, al igual que el letrado de Martínez Torea, que ha vuelto ha insistir en que "se han violado los derechos fundamentales" de su cliente. Además, este abogado ha reprochado a la Fiscal que se refiriese a este acusado de forma "injuriosa" y ha alegado que, gracias a la actuación de los tres acusados, se produjo un "desbloqueo" del urbanismo que "ahorró muchos quebraderos de cabeza a vecinos".