El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, ha mostrado este miércoles la preocupación del Ejecutivo autonómico por las consecuencias de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local tanto para los municipios como para comunidades como Asturias, que podrían tener que asumir las competencias de las que se desprenda a las entidades locales de menos de 20.000 habitantes. Por ello, ha dicho que el Principado no descarta recurrir a los tribunales en caso de que se concrete esta medida.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Martínez ha afirmado que se trata de "una contrarreforma más de las emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy". "No resuelve los problemas sino que crea otros nuevos y pone en riesgo las prestaciones sociales de los ciudadanos", ha dicho, advirtiendo de que la ley atiende a una "especie de cruzada recentralizadora".

Para el portavoz del Ejecutivo asturiano, la reforma local es "una nueva vuelta de tuerca al desmantelamiento del Estado de Bienestar", incidiendo en que no tocará el problema de la financiación de las entidades locales, mientras que trasladará sus competencias a diputaciones y comunidades autónomas uniprovinciales, como Asturias, "sin financiación que las respalde".

Además, ha remarcado que en el Principado 71 de los 78 concejos tienen menos de 20.000 habitantes, reprochando al Gobierno central que no aclare la fórmula administrativa para que la comunidad asuma sus competencias.

No obstante, ha garantizado el compromiso del Gobierno autonómico con los concejos asturianos, para lo que intensificará su relación con los ayuntamientos y convocará a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para desarrollar una acción coordinada y evitar problemas a la ciudadanía.

Y es que el portavoz del Principado cree que el Gobierno de España debería atender las necesidades de financiación de las entidades locales y garantizar a los ciudadanos la calidad de los servicios más allá del mapa local.