El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido este martes que el nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos cumple con todas las exigencias del Parlamento Europeo, por lo que ha pedido a los eurodiputados que avalen su ratificación.

El coste para las arcas comunitarias y las dudas sobre las garantías de pesca sostenible y de cumplimiento del derecho internacional, en referencia a la situación del Sáhara occidental, llevó a la Eurocámara a tumbar un acuerdo previo a finales de 2011 y exigir una nueva negociación.

Las condiciones renegociadas serán sometidas a la comisión europarlamentaria de Pesca en noviembre y su posición sería elevada al voto del pleno en diciembre, según estimaciones del Ministerio que dirige Arias Cañete. La Eurocámara puede aprobar o rechazar el convenio, pero no modificarlo.

Así las cosas, Arias Cañete ha viajado a Estrasburgo (Francia), en donde la Eurocámara celebra esta semana su pleno, para mantener una serie de contactos con eurodiputados y tratar de ganar apoyos.

Además de encuentros con los 'populares' españoles Carmen Fraga y Gabriel Mato, ambos miembros de la comisión de Pesca, el ministro se ha visto con el socialista portugués Luis Capoulas Santos, con el presidente de la comisión de Exteriores, Elmar Brok, y con los jefes de los principales grupos en la Eurocámara: Joseph Daul (PPE) y Hannes Swoboda.

En sus reuniones, el ministro ha defendido que el nuevo acuerdo es "equilibrado" y ofrece una compensación financiera "razonable" a Rabat a cambio de las opciones de pesca para la flota comunitaria. También ha expuesto que atiende a "todas las preocupaciones del Parlamento Europeo en cuanto al respeto de los Derechos Humanos" y que beneficia a las "poblaciones costeras afectadas", según indica en un comunicado el Ministerio.

El acuerdo que anunció Bruselas el pasado julio con Rabat establece un protocolo de cuatro años e incrementa las posibilidades de pesca de la flota comunitaria en un 33 por ciento, a cambio de una contrapartida de 40 millones de euros anuales y una cláusula que permite la suspensión del convenio en caso de vulneración de Derechos fundamentales.

Esta cifra supera los 36 millones que pagaba la Unión Europea por el acuerdo anterior, pero su impacto en las arcas comunitarias será menor porque la subida la asumirán los armadores europeos interesados en la zona.

La flota española es la principal interesada en los caladeros que gestiona Marruecos y por ello Arias Cañete ha insistido a los eurodiputados españoles en la "importancia" de que salga adelante el acuerdo. "Al Gobierno le gustaría que los europarlamentarios españoles pensarán en las poblaciones costeras que se van a beneficiar de ese acuerdo", ha dicho el ministro.

En un primer debate sobre la ratificación del pacto, la comisión de Pesca de la Eurocámara mostró sus diferencias sobre la cuestión. Los grupos mayoritarios afirmaron que se han producido "mejoras" en la rentabilidad económica y en la sostenibilidad social y medioambiental del pacto, mientras que otras formaciones, en especial Los Verdes e Izquierda Unitaria, lo rechazan porque dudan de que respete los derechos de la población del Sáhara occidental.