El PP va a aprovechar la tramitación de la ley de factura electrónica en el Congreso para modificar otras normas que se encuentra en debate o que han sido recientemente aprobadas, como es el caso de la ley de transparencia, que se tramita ahora en el Senado, y la ley de apoyo a emprendedores, aprobada el pasado mes. Asimismo, los 'populares' quieren que Castilla-La Mancha figuren entre las regiones que establecen el régimen de autoliquidación del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con carácter obligatorio.

La ponencia de la Comisión de Hacienda encargada de tramitar el proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, reunida esta tarde en el Congreso, sólo ha incorporado las nueve enmiendas registradas por el PP, que no sólo introducen leves cambios en la norma original, sino que varias de ellas sirven para modificar otras leyes. Han sido rechazadas las propuestas del resto de grupos.

Con una de esas enmiendas el PP modifica una ley que ni siquiera está aprobada, como es la Ley de Transparencia, de la que cambia la redacción de dos párrafos referidos a las reglas especiales sobre el destino de los superávit presupuestarios. El proyecto está siendo tramitado en el Senado después de haber pasado ya por el Congreso. La fase de enmiendas en la Cámara Alta concluyó hace quince días.

Además, el PP ha introducido un cambio en la reciente ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada el mes pasado. El objetivo es recuperar la exención en el pago de tasas de inscripción en el Registro Mercantil para las sociedades de responsabilidad limitada constituidas por vía telemática.

También ha introducido el PP otra enmienda que modifica el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En este caso, se trata de incluir a Castilla-La Mancha entre las comunidades que establecen el régimen de autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio. Ya estaban en la lista Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.

Por otro lado, el PP aprovecha esta ley de factura electrónica para cambiar la Ley de contratos del sector público sobre cómo acreditar la solvencia técnica de un empresario. La novedad radica en que se pueda aportar la experiencia de las filiales extranjeras de los contratantes.

51

Millones de ahorro estatal

El proyecto de factura electrónica será debatido el próximo miércoles en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, de donde pasará directamente al Senado.

La iniciativa tiene como objetivo la implantación de la factura electrónica en las administraciones públicas, tanto estatal, como autonómica y local. Se confía en reducir costes, erradicar lo que se conocen como 'facturas en el cajón' y en hacer más transparente y seguro el proceso de contratación con la administración.

El nuevo procedimiento de tramitación de facturas arrancará el uno de enero de 2014, aunque la obligación de utilizar facturas electrónicas se retrasa al uno de enero de 2015 para dar tiempo a todos los proveedores a adaptarse (será obligatorio para todas las facturas superiores a 5.000 euros).

Hacienda calcula unos ahorros futuros de unos 51 millones de euros sólo en la Administración General del Estado cuando todo el proceso esté implantado, además de 2,3 millones de ahorro en papel. A esta cantidad se podrá sumar la que ahorren a su vez las Comunidades Autónomas y las entidades locales, obligadas igualmente a implantar este sistema.

Todas las facturas tendrán un mismo punto de entrada, bien estatal, bien autonómico o local. Una Orden Ministerial fijará los formatos, idénticos para todo el país, y los proveedores podrán empezar a registrar facturas. A partir de ese momento, quedará constancia de la fecha de entrada y empezará a contar el tiempo para que la administración salde su deuda.

La administración deberá sin embargo confirmar y aceptar esa factura, estar de acuerdo con su contenido, un proceso que podría ser utilizado para demorar el pago. Para evitarlo, el sistema tendrá unas alarmas que alertarán del retraso y cada tres meses, además, se realizarán informes.

Esta normativa está a su vez conectada con la aplicación de la legislación contra la morosidad, en la que el Gobierno ha introducido además procedimientos coercitivos para las administraciones que no paguen en plazo sus facturas.

Contra el fraude

El Gobierno confía en que esta será una importante herramienta contra el fraude, al compartir la información todos los organismos de una misma administración. La otra cara de esta misma moneda, ha dicho, es la mencionada facilidad para compensar deudas en el caso de un deudo de la administración a quien, a su vez, la administración le debe dinero por facturas en un cajón.

La obligación de la factura electrónica permitirá aspectos como que los órganos de contabilidad de cada administración tengan un conocimiento inmediato de la realidad patrimonial con menor desfase temporal o que se mejore la fiabilidad de las cuentas públicas, al mejorar los controles a efectos de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. También hará posible que se pueda efectuar un seguimiento de los períodos medios de pago y cumplir así con la limitación de la normativa anti-morosidad.

Para los particulares, al poder hacer un seguimiento del proceso de su factura podrán organizar mejor su tesorería y a su vez sus pagos.

Compensar deudas

Según el Gobierno, entre los beneficios se encontrará también otros como facilitar la compensación de deudas mutuas entre los proveedores y la administración, un proceso que hasta ahora era más complicado y que se agilizará al existir un registro telemático de toda la información y al compartir esta información todos los organismos de la administración.

Es decir, si un proveedor quiere cobrar de un ministerio, pero a su vez adeuda una cantidad a Hacienda del Estado, será más fácil compensar ambas deudas. Así lo ha explicado la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Platero, quien ha explicado el proyecto de ley de factura electrónica que se encuentra ya en el Congreso y será aprobado antes de fin de año.