Juzgan este lunes al alcalde de Los Marines acusado de construcción ilegal y prevaricación

El juzgado de lo Penal número 3 de Huelva juzga este lunes a partir de las 9,30 horas al alcalde de Los Marines (Huelva), el socialista José Ramón Rodríguez, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación, tras supuestamente construir ilegalmente una vivienda en suelo protegido enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por lo que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión, nueve de inhabilitación y una multa de 4.800 euros.

El juzgado de lo Penal número 3 de Huelva juzga este lunes a partir de las 9,30 horas al alcalde de Los Marines (Huelva), el socialista José Ramón Rodríguez, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación, tras supuestamente construir ilegalmente una vivienda en suelo protegido enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por lo que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión, nueve de inhabilitación y una multa de 4.800 euros.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el juicio se celebrará este lunes y el fiscal también implica al teniente de alcalde, Benjamín Aranda, y a una arquitecta municipal, a los que acusa de un delito de prevaricación. Así, para el teniente de alcalde solicita dos años de cárcel y nueve años de inhabilitación y para ella, otros nueve años de inhabilitación y una multa de 4.800 euros.

En el escrito, el fiscal señala que el alcalde llevó a cabo, en calidad de promotor, la construcción de una vivienda de 75 metros cuadrados, con tejado a dos aguas, sótano y porche de 19 metros en la finca de su propiedad sita en el paraje del Agua en la localidad.

Esta edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por lo que el acusado y promotor, siendo alcalde de la citada localidad desde el año 1995, solicitó en el año 2005 la autorización de la Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para caseta de aperos de 40 metros cuadrados y 3,5 metros de altura en una sola planta, condicionada, y exclusivamente para la construcción de la caseta de aperos con esas dimensiones y finalidad.

La licencia municipal de obras, dado que el solicitante era el alcalde, fue concedida en julio de 2006 en los mismos términos que la autorización del Parque, por el teniente de alcalde, también acusado, siendo plenamente consciente que la intención del alcalde como promotor "era contar con una segunda vivienda incompatible con la normativa urbanística y con la autorización condicionada del Parque Natural".

El fiscal considera que las obras principales en la vivienda, terminadas a finales de 2006, "no han respetado las autorizaciones concedidas de tal forma que en realidad se ha construido una vivienda unifamiliar de 80 metros cuadrados con porche de 20 metros y sótano, con el fin de segunda residencia incompatible con la legislación protectora del Parque".

Por ello, la dirección del espacio natural y, tras una denuncia de un agente de medio ambiente, abrió en septiembre de 2006 un expediente sancionador que terminó con una sanción de multa de 650 euros, pagada por el acusado en 2007.

Construcción de una piscina

A su vez, ese mismo año y, con la intención de realizar una piscina en la misma finca y próxima a la vivienda, el alcalde solicitó licencia para alberca de riego y concedida ésta, de forma condicionada por el Parque y especificando la prohibición de cloración o de cualquier tratamiento químico del agua, se autoconcedió licencia de obras en 2008, "y firmando como si fuese el teniente de alcalde y vulnerando de nuevo las autorizaciones, construyó una piscina con paredes de cerámica, escalerillas y elementos de flotación para pastillas de cloro".

El fiscal añade que, al detectarse las construcciones en abril de 2011 por la Guardia Civil, la arquitecta acusada elaboró, para evitar la sanción y en su caso la demolición de lo construido y contra toda evidencia, un informe técnico señalando que lo construido era una alberca y no una piscina y que respetaba las autorizaciones concedidas y, en base a dicho informe, el teniente de alcalde, con idéntica finalidad de favorecer el interés particular del alcalde, informó a la Guardia Civil por escrito de que no existía ninguna irregularidad y ninguna infracción urbanística.

Además, la finca cuenta, sin autorización, con un pozo y un sistema de riego, para la pequeña huerta destinada al autoconsumo que es la única explotación agrícola existente.

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