La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha rechazado la petición del abogado de dos imputados para que deje a los letrados acceder con sus propios equipos informáticos a la sala donde se realizan las declaraciones, colocando un inhibidor a fin de impedir que los profesionales puedan comunicar con el exterior.

En una providencia dictada el pasado 2 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya dice, respecto al inhibidor solicitado, que se trata de un aparato "del que no se dispone" en el edificio de los juzgados, a lo que se suma además que "requiere cierta inversión económica".

En un escrito, consultado por el Europa Press, el abogado que defiende a los exdirectores generales de Finanzas del propio IFA Pablo Millán y Juan Vela solicitó a la juez que, en caso de no aceptar la petición del inhibidor, permitiera el uso en la sala de equipos informáticos sin conexión inalámbrica con el exterior a través de redes móviles, como Internet o Wifi.

No obstante, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla también rechaza esta posibilidad alegando que "el hecho de que el ordenador carezca de conexión inalámbrica con el exterior no impide" que se lleve a cabo una grabación de las declaraciones mediante "las tarjetas de sonido de los portátiles o tablets".

En su escrito, el letrado de los dos exaltos cargos explica que fue el pasado 25 de julio, en la primera declaración a la que asistía, cuando se le indicó verbalmente que, en este procedimiento, no se permitía a los letrados acudir a las declaraciones con ningún equipo informático, "derivando dicha medida del incidente ocurrido durante la comparecencia" del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "que estaba siendo transmitida en tiempo real por las redes sociales".

El abogado entiende que esta medida "resulta desproporcionada y afecta gravemente" al derecho de defensa, señalando que "resulta evidente que en el estado actual de la técnica, resulta práctica habitual e incluso sumamente recomendable que los letrados trabajen con equipos informáticos en los que puedan tener, digitalizadas, la copia de las actuaciones y sus propios documentos de trabajo".

Derecho de defensa

Añade que, en el caso ERE, "es obvio que manejar" el volumen de documentación existente "exige" permitir a los letrados utilizar sus equipos informáticos a fin de que puedan acceder a sus copias y documentos de trabajo durante las declaraciones, y así, "ejercer de forma profesional y efectiva el derecho de defensa".

Y es que, frente a la situación de los abogados personados, la juez "sí dispone durante las declaraciones de acceso a los equipos informáticos del Juzgado, donde están digitalizadas las actuaciones judiciales, permitiendo a la misma localizar aquellos extremos que considere de interés".

A su juicio, el derecho de defensa "no queda cubierto simplemente con que se permita la asistencia de un letrado, sino que es necesario permitir a dicho profesional el ejercicio de sus funciones, disponiendo de los medios adecuados para ello".

"DESPROPORCIONADA"

El abogado asevera que la medida de privar a los letrados de la posibilidad de utilizar cualquier equipo informático "resulta desproporcionada", ya que "si lo que se quiere es garantizar que no se produce ninguna transmisión desde la sala hacia el exterior, esta misma finalidad puede conseguirse, incluso con mayor efectividad, de formas diversas que no requieren el sacrificio del derecho de defensa".

En primer lugar, refiere que el medio "más seguro y obvio" es la utilización de un inhibidor de frecuencias que impida comunicar con el exterior, una medida que "no es especialmente complicada, sino que es público y notorio que la misma ha sido utilizada, por ejemplo, para evitar filtraciones en los exámenes de selectividad".

"Si no se quisiera adoptar esa medida, bastaría con permitir el uso de equipos informáticos que no tengan conexión inalámbrica con el exterior, a través de redes móviles, algo que es fácilmente comprobable", dice el abogado, que subraya que cualquiera de ambos supuestos "permitiría solucionar la problemática producida".