La asociación Ecologistas en Acción ha acusado a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía de "prescindir de consideraciones ambientales para centrarse en la rentabilidad económica" en el proyecto de reapertura del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla), que podría estar en funcionamiento en 2015.

El responsable de Minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el consejero, "antes de hablar alegremente", debe dar cuenta al Parlamento de Andalucía del dinero público que está invirtiendo el Gobierno autonómico en mantener "un mínimo de calidad ambiental en el entorno de la mina" y de "cuánto se ha gastado desde que la mina se cerró para que la sociedad sepa de qué va el negocio minero".

De igual forma, ha asegurado que "una multinacional se queda con el beneficio y las admnistraciones públicas se tiene que hacer cargo de por vida de gestionar la porquería que han dejado tras su actividad", a lo que ha añadido que en el caso de Aznalcóllar se está gastando dinero en labores como el mantenimiento de la impermeabilización de escombreras, conservación de zanjas perimetrales de escombreras, construcción y mantenimiento de balsas de lixiviados, sistema de recogida, transporte, almacenamiento en la balsa siniestrada o la construcción de una depuradora.

Sin embargo, "incluso con estos elementos de elevado coste, los impactos sociambientales siguen produciéndose en forma de vertidos que se escapan porque se supera la capacidad de control de zanjas y balsas, por averías en los sistemas de depuración o por depuración deficiente, entre otros problemas", ha subrayado Ramos.

Por su parte, el coordinador técnico de la Oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha indicado a Europa Press que el proyecto para que la mina de Aznalcóllar empiece a funcionar "deberá pasar muchos trámites antes, y cuando salga, se estudiará", ya que "esto no es lo más adecuado" después de la "catástrofe" de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.

En cualquier caso, Carmona ha asegurado que "no vamos a permitir" que después de la restauración del Guadiamar "éste se utilice como un canal para trasportar aguas residuales".

Según los ecologistas, "no existe minería a cielo abierto respetuosa con el medio ambiente por más que pretendan convencer a los ciudadanos de sus garantías técnicas"; asimismo, "los destrozos sobre el territorio, de alto valor ecológico en el entorno del Guadiamar, las emisiones atmosféricas del tratamiento de minerales, los accidentes industriales y la contaminación de las aguas y del suelo no podrán evitarse jamás".