La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) insta al Gobierno central a "recuperar el liderazgo menoscabado" para "acabar con los problemas de déficit estructural y eliminar el agua del debate partidista", así como a crear "una entidad pública o agencia para el suministro en alta que podría asumir la gestión de los sistemas integrados de abastecimiento de agua" y también podría ejercer como "un banco público nacional del agua", que permita transacciones de derechos instar e intercuencas y se encargue de la distribución de nuevos recursos hídricos derivados de la desalación y reutilización.

Así lo recoge el estudio 'El Laberinto del Agua. Reflexiones para el Pacto Necesario', que ha presentado este viernes el presidente de AVE, Vicente Boluda, acompañado de sus responsables, el director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, el catedrático de Mecánica de Fluídos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Enrique Cabrera, y el catedrático de Hidrogeología de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón Ignacio Morell.

Según ese documento, que lanza la asociación tras comprobar que "apenas ha habido cambios" en los cinco años transcurridos desde su primer documento sobre este tema, conviene crear una entidad pública que ejerza como "gran gestor de infraestructuras hidráulicas a gran escala, que podría por ejemplo asumir la gestión de los trasvases entre cuencas o la integración de las desaladoras dentro de un gran sistema de suministro", similar al papel de Adif como gestor, con funciones claramente separadas de las que competen al Estado.

Estabilidad y resolver asignación de recursos

Desde AVE reclaman "estabilidad" y que se aborde la gestión del agua "con criterios técnicos y científicos", al tiempo que proponen la integración de los servicios actuales o la creación de una "unidad administrativa independiente especializada en aguas, estrictamente técnica y profesional", y urgen a "resolver la asignación de recursos, que constituye la mayor fuente de conflictos".

"No es posible atender las pretensiones de todos los territorios, es necesario un juez o árbitro que modere", mantiene el profesor Cabezas, quien reprueba el "sentimiento de apropiación del agua"

A preguntas de los periodistas, han defendido la continuidad de las Confederaciones Hidrográficas y su regeneración para que se centren en funciones planificadoras y de comisaría.

Abogan asimismo por "propiciar la participación de inversiones privadas en el sector del agua" ante la imposibilidad del Estado de "hacer grandes inversiones", para lo que reclaman una adecuada seguridad jurídica y política que atraiga a "fondos internacionales".

A nivel autonómico, instan a extremar la cautela en la asignación y control de recursos, resolver la delimitación de la demarcación hidrográfica del Júcar, adoptar una "decisión firme" respecto a la conducción Júcar-Vinalopó y consolidar el trasvase Tajo-Segura.

"problemas muy serios" con bruselas por desaladoras

Los responsables del estudio han alertado asimismo de que las desaladoras, que "no han dado el resultado previsto y muchas están sin funcionar o en situación de 'stand by' técnico", pueden plantear "problemas muy serios" en caso de que las autoridades europeas exijan la devolución de los fondos recibidos para su construcción.

Al respecto, Cabrera ha indicado que tanto Bruselas como el Ministerio afirman que "esa espada de Damocles está pendiente" y el profesor Cabezas apostilla que esa reclamación "se puede producir en cualquier momento" y que no se ha producido hasta el momento "porque se argumenta que se están poniendo en marcha".

Preguntado por la situación de las desaladoras de la Comunitat, el profesor Cabezas ha indicado que "el problema de la desalación es que produce un agua cara" que "sólo podrán utilizar los usos que puedan pagarla, básicamente el urbano", mientras que "el regadío no puede pagarla porque es demasiado cara" y abocaría al agricultor a "abandonar la actividad porque perdería toda la rentabilidad".

Según explica, "el desarrollo urbano se ha contraído y toda esa expectativa de futuro de grandes crecimientos se ha venido abajo y, en consecuencia, no hay una demanda urbana con suficiente masa critica como para movilizar la desalación", a lo que agrega que, además, hay instalaciones con "dificultades para su funcionamiento efectivo", como la de Torrevieja (Alicante), que carece de "una línea de alta tensión que le permita un funcionamiento ordinario".

Los expertos también abogan por "recuperar costes" porque que "se ha acabado" recibir fondos europeos para grandes infraestructuras y, según Cabrera, "algunos sistemas urbanos o no urbanos van a colapsar" dado que la factura de agua actual no incluye la amortización de las infraestructuras construidas, que "Bruselas ha dicho que no va a pagar y el Estado no puede".

"multiplicar por tres el precio del agua no es un drama"

Al respecto, agrega que la directiva marco fija que ese coste sea asumido por los usuarios desde 2010, lo que "multiplicaría por dos o por tres la factura" y podría conllevar ese "colapso" de servicios.

A preguntas por ese encarecimiento, ha indicado que "multiplicar por tres el precio del agua no es un drama" dado que cuesta una media de 60 euros anuales por ciudadano, "siete u ocho veces" menos que el teléfono, mientras que países como Dinamarca "pagan siete veces más y la energía es un 7 o un 8 por ciento más barata" porque "pagan la hipoteca y nosotros sólo luz, agua, gas y gastos de escalera".

"Entre todos tenemos que pagar la factura", recalca Cabrera, quien aboga por que, si eso es lo que fija la normativa, "empecemos ya".

Por otro lado, Morell ha reivindicado la importancia de las aguas subterráneas y ha instado a "regenerar" esos recursos, que "especialmente en zonas de costa, están muy contaminados".