El sindicato CGT-A ha asegurado que la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta, ha aceptado la personación como acusación popular de la Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT-A) en este procedimiento que se sigue en dicho juzgado.

Según indica el sindicato en una nota, CGT presentó un escrito de personación el pasado mes de abril ejercitando la acción popular en las diligencias previas contra quien o quienes resultaran responsables de los actos delictivos objeto del proceso, así como, frente a los ya denunciados y/o querellados en el procedimiento.

El sindicato reconoce que la juez Alaya "respondió con el silencio", hasta que el pasado mes de septiembre CGT insistió en reclamar su derecho a personarse, y en todo caso a obtener una respuesta.

CGT mediante le personación quiere contribuir a "separar el grano de la paja" haciendo ver que "el rechazo de la corrupción no solo no es exclusivo de la derecha, sino que ésta solo lo expresa cuando saca rédito político y mediático".

Ha recordado que CGT-A, por su implantación sindical en numerosas empresas, como Delphi o Santana, "ha tenido ocasión de denunciar de primera mano, y desde el primer momento, las prácticas clientelares del sindicalismo pactista" y considera que "el hecho de que, además, esas prácticas hayan llevado a la corrupción, entra en la naturaleza de la falta de controles sociales y democráticos".

"Hemos denunciado, desde el primer momento, el mal uso de los importantes recursos públicos movilizados; nosotros no necesitamos presumir de no haber participado en corruptelas", ha aseverado el sindicato, que rechaza "sumarse al coro del descrédito de lo público", de forma que rechaza "tanto la corruptela como las salidas y 'soluciones' autoritarias y liberales", y se ratifica en "la necesidad de la autogestión y la participación social en la defensa y gestión de lo público".

A la espera de revisar el "voluminoso material" de las actuaciones, la posición de la CGT en este procedimiento va encaminada a "defender los derechos económicos, laborales y sociales de los trabajadores y entiende que lo que se ventila en la querella afecta directamente a esos derechos, al destino de los fondos públicos presupuestados para la promoción de empleo, para la formación profesional, a la negociación colectiva y a la estabilidad en el empleo", tras lo que ha destacado que han sido centenares los trabajadores afectados por la negociación de los distintos ERE.

CGT se congratula de la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al tiempo que la considera "necesaria, por la enorme trascendencia social y sindical de este caso".

Ha explicado que el sindicato ha realizado su personación como acusación popular con el objetivo de "contribuir a la clarificación plena de los hechos y a la exigencia de la asunción de todas las responsabilidades, que puedan derivarse, por parte de las personas presuntamente implicadas".