La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu, ha dado cuenta del registro de unas 30 quejas por casos de alumnos universitarios que han debido plantearse el abandono de sus estudios por dificultades económicas, asunto que merece la "honda" preocupación tanto de esta institución como de las Defensorías Universitarias de Andalucía, reunidas esta semana.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a las instalaciones de la residencia universitaria 'Flora Tristán' de Sevilla, Maeztu ha incidido en la necesidad de coordinación y de estudiar "caso por caso", dejando bien constatado que los casos se den por motivos económicos.

En dichos casos incurren circunstancias tales como la obligatoriedad de devolver la beca por parte de estudiantes que han pasado de nivel como resultado de una incoación de expediente que "debe ser más ágil", o la modificación relativa al nivel catastral a la hora de acometer el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Por su parte, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha indicado que cuando la institución ve que hay "fundamento" de acuerdo con la legislación vigente en la presentación de estas quejas, se dirigen al Ejecutivo estatal, por lo que "si hay alumnos que creen que reúnen las condiciones educativas y, además, tienen determinadas condiciones de ingresos, y no se les concede una beca, estamos a su disposición".

Tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como las Defensorías Universitarias dan cuenta de las quejas y reclamaciones recibidas, de las que se desprende que han aumentado de forma "notable" en las universidades andaluzas los supuestos de impago total o parcial de las matrículas universitarias por razones económicas sobrevenidas del alumnado y sus familias, lo que se está traduciendo en un incremento de las tasas de abandono de los estudios universitarios respecto de años precedentes.

Asimismo, se comprueba que aumentan los casos de personas que reconocen haberse visto forzadas a matricularse en menos asignaturas de las deseadas por razones económicas y no académicas, o haber desestimado determinadas opciones de posgrado por el "elevado" coste de las mismas.

"Especial inquietud" causa tanto a la oficina que dirige Jesús Maeztu como a los defensores universitarios el incremento de personas que se ven forzadas a abandonar sus estudios universitarios al serles denegadas las becas solicitadas como consecuencia del progresivo endurecimiento de los requisitos para su otorgamiento, o requerirles la devolución de las ya concedidas sin atender a circunstancias personales sobrevenidas.