La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha reconocido este viernes que en la negociación de la Política Pesquera Común (PPC) se han dado avances "razonables", aunque falta una definición "clara y precisa" de la almadraba y la flota costera artesanal, al tiempo que ha reclamado una dotación financiera "suficiente" para que el sector pesquero pueda "adaptarse a los nuevos cambios que tendrá que asumir en el nuevo marco de la PPC".

Durante su intervención en Comisión parlamentaria, Víboras ha destacado que es momento de "trabajar juntos para conseguir entre todos una PPC que garantice la sostenibilidad del sector pesquero en todos los sentidos, social, económico y medioambiental".

La próxima semana el Pleno de la Eurocámara votará las 570 enmiendas al Reglamento del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (FEMP), que definirá las posibilidades financieras para acometer esta reforma en los próximos siete años. Por ello, "ahora es el momento de centrar todos nuestros esfuerzos negociadores en reclamar para Andalucía lo mismo que va a exigir el ministro para España, mantener la ficha presupuestaria actual, que para el sector andaluz asciende a 216 millones de euros procedentes de Europa", ha subrayado Víboras.

La titular de la pesca andaluza ha anunciado que el pasado 10 de octubre la Consejería trasladó al Ministerio algunas propuestas para que se tengan en cuenta en la votación, entre las que destaca la exigencia de que se incluya en la nueva PPC una definición de almadraba que posibilite a "nuestros almadraberos tener los mismos derechos que los barcos de pesca, especialmente en lo referente a la posibilidad de poder obtener determinadas ayudas".

Según ha manifestado la consejera, tras el acuerdo político alcanzado en mayo por el Consejo de Ministros de Pesca, la Comisión Europea y el Parlamento europeo sobre los otros dos textos reglamentarios que engloba la futura PPC, es "fundamental conseguir un marco financiero que posibilite una buena aplicación de la misma". Por eso, ha reclamado que este Fondo cuente con las medidas de ayudas necesarias "para que el sector pesquero, después del esfuerzo que ya viene realizando en los últimos años, pueda adaptarse a una nueva forma de pescar sin ver perjudicada su rentabilidad".

Víboras ha explicado que aunque ha habido avances "razonables" para los intereses andaluces, como en el caso del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) —nivel máximo de pesca que permite la regeneración de las especies— y los descartes —práctica de devolver al mar la pesca ya muerta—, "solo si el nuevo presupuesto contempla esas adaptaciones habrá una buena PPC".

El sector en andalucía

Actualmente, la flota andaluza cuenta con 1.484 barcos que faenan en el caladero nacional y 42 embarcaciones que lo hacen en terceros países y aguas internacionales. El sector pesquero y acuícola genera 7.596 puestos de trabajo directos, ocupados por pescadores, armadores, mariscadores a pie y trabajadores de instalaciones acuícolas, a los que se suman además otros 14.147 empleos indirectos procedentes de la industria de transformación, servicios comerciales, entidades de suministro astilleros, servicios de gestión y administración.

El sector genera un volumen de negocio superior a los 480 millones de euros, resultado de las capturas, así como de la actividad llevada a cabo por las empresas dedicadas a la acuicultura y transformación de estos productos, y la comercialización de los mismos.

PP,

Psoe e iu

Por su parte, la diputada del PP José Manuel Martínez ha señalado algunos aspectos que no se han tratado en profundidad, como el referente al rendimiento máximo sostenible, la dificultad de los pescadores de encontrar otros trabajos y el problema de la comercialización ante los bajos precios que llegan a los trabajadores.

De esta manera, ha instado a conseguir que no se pierdan muchos barcos en esta reforma y que la misma no se utilice para destruir más empresas. Asimismo, ha reclamado la puesta en valor del empleo de la mujer en este sector.

Martínez también ha llamado la atención sobre la conveniencia de realizar estudios científicos para "poder vivir de los recursos y conservarlos" a través de planes de gestión que conviertan la actividad en "sostenible económica, social y medioambientalmente".

Por último, ha señalado la posibilidad de "premiar" a aquellas empresas que acometan un esfuerzo para instalar motores que consuman biocombustibles o con menos emisiones de dióxido de carbono.

Por su parte, el diputado por el PSOE-A Francisco Jesús Fernández ha considerado que el proceso de negociación de la PPC en la comunidad andaluza ha estado basado en "el diálogo, el consenso y la colaboración".

"La Junta ha desarrollado una labor importante en un asunto de extrema delicadeza, pero todo el protagonismo lo han tenido los afectados, el sector pesquero andaluz", ha subrayado Fernández, quien ha señalado que "la posición andaluza ante la PPC no ha sido nunca la posición de la Junta ni la del partido que la sustenta, sino más bien ha sido y es la del propio sector pesquero, que es compartida y complementada por la Junta y el PSOE".

En cuanto a los avances de la reforma, ha apuntado que cuentan con "un marcado acento andaluz", que "no dejan satisfechos", lo que lleva a "seguir trabajando".

Por último, ha insistido en que la sostenibilidad del sector y de los recursos debe estar acompañada de la rentabilidad y más donde hay pueblos costeros que dependen un 20 por ciento de la pesca.

Por su parte, la diputada de IULV-CA Dolores Quintana tras poner en valor un sector como el pesquero tanto ligado a Andalucía, ha pedido una "profunda reforma" de la PPC, teniendo en cuenta que "los barcos capturan un volumen mayor de la capacidad de reproducción de los peces", razón que le ha llevado a instar por encontrar "un equilibrio sostenible ecológicamente, económicamente y social".

Por último, ha hecho un llamamiento a la pesca artesanal, la defensa de la almadraba y de los pescadores, para terminar poniendo el foco de atención en los acuerdos con terceros, como el de Marruecos y Mauritania, que negocia la Unión Europea (UE).