El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, considera que el inicio de la vía contencioso-administrativa por parte de la Junta de Andalucía para recurrir el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir "es fruto de la confrontación política".

Así lo ha destacado a los periodistas durante una visita a las obras de defensa contra inundaciones en Jauja, en la provincia de Córdoba, y Badolatosa, en la provincia de Sevilla, al tiempo que ha aclarado que pese a que la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, "dijo que no había participado la Consejería en el plan, es rotundamente falso".

Y es que, según ha detallado, "durante los dos años de información pública del plan", desde la Junta "han hecho alegaciones", además de que se han celebrado "más de 18 talleres y jornadas para que el público conociera el plan hidrológico, para que pudiera aportar alegaciones, y en unas nueve o diez ha participado la Consejería, con técnicos", tal es así, que "han pasado cerca de 40 funcionarios o responsables de la Consejería", ha defendido.

En este sentido, subraya que "decir que la Junta no ha participado es totalmente falso", al tiempo que lamenta que "presenta un recurso después de tres años de retrasos en los planes hidrológicos", que, según ha explicado, "tenían que haber estado presentados en 2009 y no estaban hechos", a lo que añade que "la Unión Europea ha abierto unos procedimientos sancionadores", mientras que "el Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a que los planes estarán a finales de 2013", ha explicado Manuel Romero.

Cabe destacar que la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha informado este miércoles respecto al Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que la Junta ha acordado abrir la vía contencioso-administrativa al considerar que "no garantiza la gestión adecuada de la demarcación".

Esta situación se produce después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado mes de septiembre un acuerdo en el que rechazaba el requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa formulado por la Junta frente al Real Decreto por el que se aprobó el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

El Gobierno rechazó ese requerimiento previo por considerar que los intereses de los espacios naturales de Doñana y de Sierra Nevada "quedan garantizados" en el Plan Hidrológico, argumentando que los representantes de los consejos de participación han formado parte del proceso de participación pública en otros foros.