La tasa de absentismo de los empleados públicos autonómicos se sitúa en el 4,14 por cien, menos la media española

La tasa de absentismo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma se sitúa en el 4,14 por ciento, por debajo de la media española y cerca de la europea, ha anunciado este jueves el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, quien ha dado cuenta en rueda de prensa de los informes elaborados sobre la calidad de los servicios.
El consejero de Hacienda y el director general de Fundción Pública.
El consejero de Hacienda y el director general de Fundción Pública.
EUROPA PRESS
El consejero de Hacienda y el director general de Fundción Pública.

La tasa de absentismo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma se sitúa en el 4,14 por ciento, por debajo de la media española y cerca de la europea, ha anunciado este jueves el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, quien ha dado cuenta en rueda de prensa de los informes elaborados sobre la calidad de los servicios.

El informe sobre absentismo laboral, dentro del Plan Anual de Inspección de Servicios, incluye información sobre la ausencia del puesto de trabajo por incapacidad temporal, maternidad y paternidad, y se ha llevado a cabo en los Departamentos y los organismos autónomos, excepto el personal docente y el hospitalario. Se ha estudiado el caso de 11.000 personas.

Saz ha animado a "deshacer esa opinión generalizada de que el empleado público se pone más veces enfermo", lo cual "no es cierto". Ha precisado que el 4,14 por ciento se reduce a un 3,48 si se excluyen las bajas por maternidad. Son datos "más que razonables y no solo no desentonan de las medias nacionales y europeas, sino que son mejores".

El Departamento en el que menos se pone enfermo el personal es el de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y en Sanidad es donde más bajas se registran. A menor cualificación profesional hay más enfermedades —más del 4,5 por cien de absentismo— y en los grupos A y B, así como entre los empleados interinos, se contabilizan más bajas por maternidad que en los restantes. Se advierte un incremento de las bajas a partir de los 50 años.

COMPROMISO

El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Murillo, ha resaltado el "compromiso" del Gobierno autónomo con la calidad y ha comentado que una de las herramientas "fundamentales" es la inspección de servicios para valorar el funcionamiento de los Departamentos.

Ha dicho que la Administración autonómica realiza un trabajo importante en materia de prevención de riesgos laborales y los accidentes en el puesto de trabajo se sitúan por debajo del uno por ciento de las plantillas, "cifras que en ningún caso nos permiten descansar".

El director general ha indicado que más de la mitad de las bajas por incapacidad temporal duran menos de 15 días. En 2012 se contabilizaron 4.254 bajas en total, una cifra bastante inferior a la de 2011.

La cifra total de absentismos por permisos y licencias alcanza el 1,55 por ciento de las horas anuales, siendo las más frecuentes la atención médica y la enfermedad grave de un familiar.

Otro informe ha servido para analizar el cumplimiento de los horarios de 109 empleados públicos que han solicitado la compatibilidad de su puesto de trabajo con otro empleo en el sector privado. "En general no ha salido mal", ha dicho Murillo, quien ha considerado necesario crear unos mecanismos de control para comprobar que se cumplen las autorizaciones debido a que "durante años no se ha hecho ningún control".

De los aproximadamente 43.000 empleados públicos, 2.538, el 7,46 por ciento han solicitado la compatibilidad durante los últimos cinco años y en el ámbito sanitario el porcentaje se eleva al 15,21 por ciento. Una de las actividades que más frecuentemente se realizan fuera de la Administración es la docencia universitaria.

Clima laboral

El Gobierno regional ha estudiado también el clima laboral en el que se desenvuelven los empleados de la Administración. Murillo ha explicado que unos 5.000 trabajadores han realizado una encuesta que se repetirá para elaborar un archivo histórico que permita conocer la evolución de la percepción del clima laboral.

Este clima "es importante porque es un elemento clave para una mejor prestación de servicios a los ciudadanos", ha hecho notar el director general.

El Ejecutivo aragonés ha evaluado cómo ven los empleados el contexto de la Administración, si creen que están reglamentados los procedimientos, si hay flexibilidad para innovar, las relaciones interpersonales con compañeros y directivos, y también como los ven los administrados.

La valoración media que los empleados públicos hacen del contexto de la Administración es de 5,12 puntos sobre 10, en concreto 6,24 sobre el nivel de reglamentación y 5,6 sobre innovación.

Han puntuado con 7,2 puntos su satisfacción laboral y el compromiso organizacional, que mide el anhelo por querer permanecer y la vinculación con los objetivos de la organización la han valorado con 7 puntos sobre 10, si bien conforme pasan los años de trabajo en la Administración se incrementa la desvinculación.

Los empleados adscritos a Hacienda, Educación, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el INAEM muestran puntuaciones por encima de la media en todas las variables estudiadas.

Percepción ciudadana

El Gobierno ha encuestado a 510 personas que han acudido a dependencias de la Diputación General de Aragón a solicitar información, quienes han respondido a 30 cuestiones. Las unidades de información general han sido valoradas con 9,1 puntos de un total de 10. El 94 por ciento las valoran entre 8 y 10.

De los encuestados el 67 por ciento valoran mejor la amabilidad, el trato personal y el siguiente parámetro mejor valorado es la rapidez en ser atendidos. El servicio de información sobre vivienda pública ha sido puntuado con 9,3 puntos.

La información al contribuyente ha sido valorada con 8,8 puntos, siendo los encuestados de entre 18 y 24 años los que han dado una puntuación más alta.

IAI

También se ha evaluado el reconocimiento del grado de discapacidad con el objetivo de que "no se quede nadie fuera del sistema por una desorganización", ha dicho Saz, quien ha considerado necesario homogeneizar expedientes y crear una carta de servicios. La normativa sobre discapacidad está "un poco anticuada", ha agregado.

La media para obtener una valoración se ha reducido a 75 días en 2012, cuando el año anterior eran 88 días. Algunas propuestas son actualizar las aplicaciones informáticas, generalizar las cartas de servicios, mejorar la comunicación con los usuarios, optimizar la página web y potenciar la Gerencia del IASS.

El consejero ha señalado que los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) deben saber qué pueden exigir y debe incrementarse la coordinación entre Administraciones.

Hasta el momento de realizar esta evaluación el IAI había alcanzado los 11.492 beneficiarios y las solicitudes han pasado de 3.127 en 2010 a 4.735 en 2011 y en 2012 se contabilizaron 5.009. El tiempo de tramitación ha pasado de 71,38 días en 2012 a 78,48 en 2011.

En el estudio realizado se propone eliminar la ambigüedad del programa, establecer objetivos periódicos a conseguir, crear un sistema de detección de las necesidades, reducir el tiempo de tramitación administrativa y mejorar el sistema de información y las herramientas básicas que utilizan los trabajadores sociales.

Asimismo, el Plan de Inspección ha recogido en 2012 421 quejas y 14 sugerencias. Entre las conclusiones destaca la necesidad de responder al ciudadano siempre y dentro de los plazos establecidos, mejorar los sistemas de citas en la realización de los trámites administrativos y acortar los plazos de citación.

En cuanto a la implantación de las Cartas de Servicios, el informe señala que se han completado nueve cartas, que son las del BOA, el Instituto Aragonés de Administración Pública, la Dirección General de Calidad, el Archivo de la Administración, el Centro Base de Huesca y el de Teruel, los Servicios de Atención Temprana, el INAEM y la de formación.

José Luis Saz ha dicho que el Gobierno apuesta por los procesos de evaluación de la calidad y ha señalado que "es una corriente europea" que está implantada en muy pocos países, que en España comenzó a desarrollar el anterior Gobierno. "Es una nueva gobernanza".

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