La Fiscalía Anticorrupción ha urgido a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "acelere" la investigación y entregue los atestados sobre cada una de las empresas y ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía para poder pronunciarse sobre si han prescrito o no delitos en este caso que investiga la juez Mercedes Alaya.

En un auto dictado el pasado 4 de octubre, la instructora pidió al Ministerio Público que informara sobre el periodo de prescripción que "maneja" a fin "de decidir si procede encomendar la investigación" a la Guardia Civil "de las ayudas sociolaborales más antiguas", aunque sin perjuicio de lo anterior instó al Instituto Armado a que concluyera "y en su caso inicie" el estudio de los expedientes relativos a las empresas que hubieren obtenido ayudas abonadas en 2003.

Pues bien, Anticorrupción ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, consultado por Europa Press, en el que asevera que "no es posible, con carácter previo ni en abstracto, tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos cometidos ni su fecha de comisión" en tanto en cuanto "no se reciban en las actuaciones los atestados de la UCO sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas e identidad de las personas beneficiadas e implicadas en la trama".

En este escrito, la Fiscalía "reitera" lo ya dicho en otro escrito de fecha 1 de septiembre de 2013, cuando pidió "acelerar" la investigación de todos los expedientes relativos a perceptores de fondos públicos, pues la posible prescripción de los delitos perseguidos dejaría "sin perseguir y condenar, en su caso, la participación de personas que hayan percibido fondos públicos de forma presuntamente ilícita, con la consecuente dificultad para reintegrar en vía penal los mismos a las arcas de la Junta".

La Fiscalía dijo en este escrito de septiembre, y reitera ahora, que "de forma provisional y parcial y a meros efectos expositivos, puesto que si opera o no el instituto de la prescripción exigirá un estudio de cada caso en particular", esta situación "se podría plantear en relación a perceptores de fondos públicos" vinculados con hasta 14 expedientes, entre los que citaba los casos del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, Santana Motor, Jerez Industrial, Gestifesa o Bufete Olivencia Ballester.

En un segundo escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Anticorrupción también se refiere a la orden dada por la juez en el auto de 4 de octubre para que los agentes se centren en investigar los expedientes relativos a las empresas que hubieren obtenido ayudas abonadas en 2003, señalando que esta disposición "entendemos" que "pretende evitar que determinadas personas físicas puedan quedar exoneradas de su responsabilidad penal" por prescripción de los delitos y que sociedades mercantiles o entidades beneficiarias de las ayudas "puedan ser llamadas en calidad de responsables civiles".

'INTRUSOS'

No obstante, desde el Ministerio Público, "desconociendo las directrices dadas" por la juez para la "investigación policial" que desarrolla la Benemérita, se "ha venido reiterando la necesidad de priorizar las ayudas abonadas en los primeros años objeto de investigación, así como la participación de los empresarios y entidades que se han venido beneficiando de las mismas, entendiendo que las conductas de aquellos empresarios que han recibido fondos para 'compromisos asumidos'" por la Dirección General de Trabajo "son asumibles a la de los 'intrusos'".

Por ello, añade, "es necesario acelerar, o en su caso iniciar, las investigaciones y actuaciones encaminadas al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas", motivo por el que interesa que la Guardia Civil "siga investigando todas las ayudas sociolaborales", puesto que los hechos "que se pongan de manifiesto en dicha investigación podrán integrar la acusación contra los altos cargos de la Administración autonómica de apreciarse continuidad en los delitos que se imputan".

Igualmente, Anticorrupción considera "necesario" conocer "qué personas físicas, mediadores y sociedades han intervenido en cada ayuda" a fin de "poder valorar en su conjunto la imputación de hechos que permita su tipificación, de forma que sería en ese momento cuando se analizará si opera o no el instituto de la prescripción y con respecto a qué personas concretas".

Pagos a sindicatos

En este segundo escrito, la Fiscalía vuelve a reiterar su petición para que la juez indague y practique una serie de diligencias en torno a los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos UGT y CCOO por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas sociolaborales investigadas.

Por último, se refiere a la segunda fase de la operación 'Heracles' y señala que el atestado elevado al Juzgado con motivo de esta actuación "recoge información del resultado de entradas y registros practicados" que pudiera ser "de interés" para otras investigaciones penales, refiriéndose en este punto a las diligencias del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla por delitos de prevaricación, malversación y falsedad "en relación a subvenciones concedidas por la dirección general de Salud Laboral a CCOO-A".

En esta última causa están imputados la exdirectora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía Esther Azorit Jiménez y el secretario de Organización y Finanzas de CCOO-A, Miguel Ángel Soto Cubero, que a pesar de su imputación fue reelegido en la Ejecutiva del sindicato.