Este jueves comenzó en la Audiencia Nacional el juicio sobre la supuesta financiación de ETA a través de las "herriko tabernas", once años después de que el juez Baltasar Garzón empezara a instruir el sumario y tras la exclusión de este proceso del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por estar ya condenado por el 'caso Bateragune'.

La primera jornada ha tenido una anécdota curiosa. La Audiencia ha acordado apartar del juicio a una asociación de ayuda a mujeres prostitutas que fue confundida por error con una 'herriko taberna' que tenía su mismo nombre. El tribunal ha accedido a excluir del proceso a la asociación Askabide Liberación, dedicada a ayudar a mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución o se encuentran en situación de riesgo o exclusión social, con el visto bueno del fiscal y de las acusaciones populares.

Por otra parte, en el juicio, que está previsto se prolongue hasta febrero en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, sienta en el banquillo 36 acusados por un delito de pertenencia a banda armada.

Entre ellos destacan los exdirigentes de Batasuna Joseba Permach (actual dirigente de la coalición EH-Bildu, que previsiblemente declara mañana) y Rufino Etxeberria, para los que la Fiscalía pide doce años de cárcel, los mismos que había solicitado, antes de excluirlos de este proceso, para Otegi, José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia y Josu Imanol Cortázar Pipaón.

El fiscal Vicente González Mota solicita diez años de cárcel para otros veinte miembros de la formación ilegalizada por un delito de integración en ETA, mientras que para los imputados restantes reclama ocho años de prisión por colaboración.

Asimismo,  el fiscal ha admitido la petición de las defensas de excluir a dos de los 36 acusados porque sus delitos de integración en banda terrorista estarían prescritos, si bien el tribunal lo decidirá más adelante. También se ha pedido que se juzgue con posterioridad al exdirigente abertzale Joseba Álvarez por enfermedad.

Los dos acusados que habían que se les excluya del juicio por prescripción del delito son Josu Iraeta y José Antonio Egido, que se enfrentan a una petición fiscal de diez años de cárcel. Sus defensas han argumentado que sus delitos estarían prescritos porque en 2002, cuando empezó la investigación, hacía más de diez años que habían dejado sus actividades en plataformas vinculadas a ETA.

El fiscal ha aceptado estas explicaciones, pero las otras acusaciones (AVT y Dignidad y Justicia) se han opuesto, por lo que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha explicado que estudiará el asunto y decidirá el próximo lunes.

El juez Baltasar Garzón abrió este sumario en 2002, en 2008 lo concluyó y, en 2010, la Fiscalía remitió a la sección segunda de la Audiencia Nacional, a la que corresponde juzgar estos hechos, el escrito de acusación contra los exdirigentes de Batasuna.

Pese a que eran 43 los procesados dentro de esta causa, el fiscal, tras excluir a cuatro de ellos, acusa ya solo a 36, ya que Jon Idígoras murió en 2005; Juan Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, permanece huido y Jon Salaberria está preso en Francia desde mayo de 2008.

El patrimonio de las 'herriko tabernas', a través de las cuales, presuntamente, se financiaba la banda terrorista ETA mediante la subordinación de Batasuna, superaba los 12 millones de euros y tenía unos movimientos anuales estimados en unos 15 millones, según la Fiscalía.

Para evitar riesgos patrimoniales la propiedad de los inmuebles y las cuentas corrientes de las 'herriko tabernas' eran titularizadas por las respectivas asociaciones culturales, aparentando que la actividad económica estaba desvinculada de la actividad política y logística a favor de ETA", indica el escrito de acusación.