La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha valorado la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha paralizado cautelarmente el desalojo previsto para este miércoles de un bloque de viviendas de Salt (Gerona), ocupado desde marzo y en el que viven 43 personas, ante lo que Cortés espera que dicha sentencia sea "un elemento más" para "obligar" a que el Gobierno convoque la comisión bilateral para dialogar y abordar la Ley de función social de la vivienda y no la recurra ante el Tribunal Constitucional (TC), como había anunciado.

Cortés considera que la resolución del Tribunal de Estrasburgo "pone de relieve por enésima vez que por encima de cualquier cosa está el derecho humano a la vivienda", por lo que agrega que "los poderes públicos están obligados a facilitar ese derecho a la vivienda por encima de elementos de rescate y especulativos".

Ha recordado que el bloque de viviendas era propiedad de la Sareb o 'banco malo', que forma parte del Estado, por lo que considera que la medida del Tribunal Europeo "es una acicate y una palanca de cambio para las políticas públicas que estamos llevando en materia vivienda en Andalucía, donde estamos demostrando que estamos en el camino que exige la UE y Estrasburgo, de forma que por encima del derecho a la vivienda no hay absolutamente nada, y menos los bancos que han sido rescatados por dinero público".

Por ello, cree que esta sentencia "puede ser un elemento más para obligar al Gobierno a sentarse a buscar una salida y el diálogo para hacer cumplir el derecho humano a la vivienda".

Tras recordar que el pasado 25 de septiembre la Junta planteó al Gobierno central la reunión de la comisión bilateral para que "agote todas las vías y cauces institucionales de diálogo" antes de recurrir la Ley de función social de la vivienda, lamenta que el Gobierno aún no ha convocado dicha comisión, que "forma parte del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la Ley del Tribunal Constitucional".

Cortés, que considera que dicha ley "es plenamente constitucional", asevera que Andalucía "debe tener el mismo trato que otros gobiernos autonómicos respecto a cómo se deben dirimir posibles discrepancias, en el seno de la comisión bilateral, pero hasta ahora estamos esperando y no se ha convocado".

La Junta espera que el Gobierno no recurra y se siente en la comisión bilateral "y ponga día y hora para darle el mismo trato, de lealtad institucional y diálogo que le han dado a otros gobiernos autonómicos".

El primer caso

La consejera ha destacado la importancia del caso de Huelva, al materializarse por primera vez en España la expropiación temporal de uso de la vivienda recogida en dicha ley, para defender el interés social de las familias y que se queden en su casa".

"Es el primer botón de muestra de la utilidad de la Ley de función social de la vivienda, hemos conseguir pasar del 'se puede' al 'hemos podido' frente al modelo especulativo que hace de la vivienda una especulación", ha aseverado Cortés, quien ha agradecido a los que "han defendido con valentía y dignidad y de forma organizada ese derecho a la vivienda".

Ha recordado que actualmente hay otras 17 expropiaciones temporales publicadas en BOJA, y otras 113 en proceso, que se irán resolviendo "con agilidad y eficacia" para llevarlas al Consejo de Gobierno. Además, las oficinas de la Junta han prestado asesoramiento a 507 familias.

Cortés ha indicado que en el caso de Huelva "si en 15 días el fondo de titulización propietario de la vivienda no alega, la administración autonómica tomará posesión de la vivienda y la familia tiene tres años para seguir en su vivienda".

"Estamos desplegando la ley de función social de la vivienda con toda la agilidad, eficiencia y celeridad que permite el tener que cumplir con los procedimientos administrativos y espero que llegue a Consejo de Gobierno nuevas resoluciones en próximos días o semanas", ha indicado la consejera, quien insiste en que "hay que agotar todos los procesos administrativos".