La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha citado para este viernes en calidad de imputados al alcalde de la localidad mallorquina de Esporles y conseller de MÉS en el Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat (PSM), a las 11.00 horas, y al exprimer edil de Valldemossa Francesc Mulet (UM), a las 10.00, en el marco de la causa de presunta corrupción conocida como caso El Camí, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

La comparecencia de ambos encausados ya fue suspendida anteriormente por problemas de agenda de la Fiscalía. En concreto, la magistrada prevé interrogar a Ensenyat acerca del pago de 4.547 euros a la entidad 'Pas Amics del Camí' a través de dos convenios firmados entre el Ayuntamiento y esta asociación en 2009 y 2010.

Y es que el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán considera que el equipo de Gobierno del Consistorio de Esporles no justificó los trabajos contemplados por estos convenios, a través de los cuales se pagó 1.624 euros en 2009 y 2.923 euros en 2010 a 'Pas Amics del Camí' con el fin de que elaborase una ruta senderista común de los Països Catalans.

Ensenyat recurrió su imputación alegando que esta información sí que consta en los expedientes, considerando que no es necesario que acuda a declarar para aportarla sino que podía entregarla el Ayuntamiento a través de una certificación de Secretaría. En el caso de Mulet, el fiscal estima que en el expediente de los convenios no consta ninguna información del trabajo realizado que justifique los dos pagos.

Cabe recordar que Ensenyat es el segundo dirigente del PSM imputado en esta causa, después de que también lo fuera la exparlamentaria de MÉS Joana Lluïsa Mascaró, quien tras ser encausada, dejó su escaño en la Cámara autonómica.

Asimismo, el pasado 3 de abril, González decretó libertad sin fianza para el coordinador de la entidad 'Amics del Camí', Emili Gallardo, quien se encontraba en prisión provisional desde la madrugada del 26 de marzo por el cobro presuntamente 'a dedo' de unos 43.000 euros desde el Departamento de Cultura del Consell de Mallorca durante la pasada legislatura.

Mascaró aseveró, tras ser imputada, que una vez revisados los documentos relacionados con la subvención de 43.000 euros no ha visto nada que pueda ser constitutivo de delito, de forma que justificó que se adjudicaron 18.000 euros por un contrato menor, lo que está contemplado por la Ley, mientras que el resto de la cuantía se abonó mediante la convocatoria de un expediente al que podían optar, tanto la asociación indagada, como otras entidades, según puso de manifiesto.