La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo central "está estudiando en este momento" la nueva Ley de función social de la vivienda aprobada por la Junta, conocida como ley 'antidesahucios', y "todavía no ha tomado una decisión" si presentará o un posible recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque sí tiene claro que "produce inseguridad jurídica y ahuyenta posibles inversores".

Así lo ha asegurado Crespo a preguntas de los periodistas en Madrid con motivo de su asistencia a la inauguración de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas 'Fruit Atraction' un día después de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobase el primer expediente de expropiación del uso de una vivienda andaluza, ubicada en Huelva capital.

Tras señalar que "todavía no se ha tomado una decisión" sobre un posible recurso a la norma andaluza como el que formuló cuando entró en vigor como decreto-ley, la delegada del Gobierno ha defendido que "la ley nacional es el camino correcto para las personas en riesgo de ser desahuciadas y que están en exclusión social" porque "es muy importante que una ley que nos haga a todos iguales en el territorio español, además de ofrecer posibilidades como la paralización durante dos años".

"produce inseguridad jurídica y ahuyenta posibles inversores"

En cualquier caso, Crespo ha apuntado que desde el Gobierno "tenemos muy claro que el decreto andaluz, ya convertido en ley, produce inseguridad jurídica, está ahuyentando en momento de crisis posibles inversores a nuestra tierra". "Para nosotros es de vital importancia resolver problemas, y creo que pocos problemas está resolviendo a las personas que pueden ser desahuciadas", ha subrayado.

La delegada del Gobierno en Andalucía, que ha resaltado la importancia de "no jugar con este tema", ha concluido recalcando que "las personas desahuciadas tienen que ser objeto fundamental del Gobierno y estamos convencidos de que la ley nacional es el camino correcto".