«Nunca se da prioridad a los enfermos de obesidad mórbida», critica Francisco González, vecino de Campillos (Málaga) con 144 kilos de cuerpo sobre sus pies. Asegura que lleva más de dos años esperando una operación para solucionar la obesidad mórbida (almacenamiento excesivo y perenne de grasa corporal) que sufre.

Francisco entró en la lista de espera del Hospital Carlos Haya de Málaga en abril de 2005. Cuenta que, tras 22 meses, este centro hospitalario ha vuelto a retrasar su reducción de estómago otros tres o cuatro años.

La enfermedad le acompaña desde 2001. Pesa 49 kilos más de lo considerado saludable para su constitución. Antes de ser uno de los 100 nombres que aguardan esta intervención en la provincia, pasó cuatro años en manos de endocrinos y médicos de salud mental. De ese centenar de pacientes, sólo 16 han pasado por los quirófanos en 2006, señala este enfermo.

Lucha en los despachos

Francisco ha solicitado el amparo del presidente de la Junta, Manuel Chaves, para que destine más recursos al tratamiento de esta enfermedad, «la gran olvidada». Asegura que este retraso se debe a una falta de medios y una gestión que «deja mucho que desear». El Carlos Haya sólo cuenta con un quirófano para estas intervenciones «y casi siempre está ocupado por otro tipo de patologías»; algunas no urgentes, como el cambio de sexo en transexuales. Francisco ha comunicado su caso al Defensor del Pueblo Andaluz .

Otros 11 hospitales andaluces hacen reducciones de estómago. 187 pacientes fueron operados de enero a marzo de 2006, según la Junta.

El Carlos Haya envió ayer una nota con una explicación académica de este tipo de cirugía, pero no indicó por qué se retrasa la intervención de Francisco González.

Negligencia mortal en un parto

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha admitido haber cometido una negligencia médica en el caso de una niña, en el Hospital Infanta Elena, fallecida 26 días después de nacer (2005). Los padres presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial. El SAS reconoce que no existen datos que permitan desvincular el fallecimiento de la recién nacida con un episodio prolongado de asfixia durante el parto. La cesárea se demoró más de lo previsto por una mala lectura de la frecuencia cardíaca fetal. La indemnización asciende a 48.307 euros.