La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que ha abierto una investigación en profundidad sobre el régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar, que había denunciado España en junio de 2012, al sospechar que puede estar infringiendo las normas comunitarias de ayudas de estado.

La CE especificó que verificará si el sistema gibraltareño favorece "selectivamente a determinadas categorías de empresas", lo que iría en contra de las reglas comunitarias.

El nuevo régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar, introducido en 2010, genera en los expertos de la CE "dudas graves" de que podría infringir la normativa comunitaria sobre ayudas públicas, según han confirmado fuentes conocedoras del expediente.

Bruselas sospecha que este régimen fiscal podría conceder ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, que no tienen presencia real en el Peñón.

La investigación, lanzada por el departamento de Competencia que dirige Joaquín Almunia, responde a una denuncia presentada por España en junio de 2012, a raíz de la cual el Ejecutivo comunitario ya ha realizado un análisis preliminar.

Según el Ejecutivo comunitario, la apertura de una investigación en profundidad "brinda a los terceros interesados la oportunidad de presentar observaciones sobre las medidas escrutadas" en el plazo de un mes, si bien "no prejuzga el resultado".

Ahora, Bruselas examinará en particular por qué determinados ingresos pasivos, tales como los royalties y ciertos tipos de intereses, no están sujetos al impuesto de sociedades en Gibraltar. La apertura de la investigación no prejuzga el resultado y da la oportunidad a las partes de presentar observaciones.

En la actual fase de sus pesquisas, el Ejecutivo comunitario considera que esta exención fiscal para los ingresos pasivos de intereses y royalties podría constituir una ayuda estatal porque se aparta del régimen general del impuesto de sociedades. Ello podría conceder una ventaja especial para las empresas que producen este tipo de ingresos.

La Comisión cree que no existen motivos válidos que justifiquen estas exenciones. Gibraltar introdujo ligeros cambios en su régimen el 1 de julio de 2013 para atender a las preocupaciones de Bruselas, pero el Ejecutivo comunitario los ve insuficientes. Además, a pesar de este cambio, la Comisión cree que debe examinar si la exención de los intereses pasivos infringía las normas sobre ayudas estatales "durante el periodo en que estuvo en vigor".

Bruselas ya declaró ilegal en 2004 el anterior régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar. En 2011, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la decisión de Bruselas y señaló que las medidas concedían ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, sin trabajadores ni locales en Gibraltar, que quedaban exentas del impuesto.

El diputado del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha confiado este miércoles en que la investigación anunciada por la Comisión Europea (CE) sobre el régimen fiscal en Gibraltar sirva para "quitar la careta al paraíso fiscal que es la colonia británica".

El diputado del PP recuerda en un comunicado que fue el Gobierno español el que realizó la denuncia ante "el evidente agravio comparativo que se produce a uno y otro lado de la verja respecto a las tributaciones de las empresas, unas diferencias que hacen incuestionable la rentabilidad de las inversiones en el "paraíso fiscal" que es Gibraltar y que éste niega constantemente".

Según el diputado popular y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, la colonia británica y su ministro principal, Fabián Picardo, están siendo obligados a quitarse la careta ante la comunidad internacional de tal manera que se está comprobando que las quejas provenientes de España respecto a esta competencia desleal no son más que una apelación a la cordura.

Ahora, agrega Landaluce en el comunicado, "sólo queda confiar en el desarrollo de la investigación que hoy se inicia, que esperamos se salde con una resolución favorable a los intereses españoles y de la CE y que, sobre todo, ponga en evidencia otro de los gestos de mala vecindad que pretende hacer valer el Gobierno de Picardo".