Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada al tráfico de mujeres desde Nigeria a España para su explotación sexual. La principal responsable de esta organización ha sido arrestada junto a otros tres colaboradores, entre ellos su marido, en Vecindario (Gran Canaria), según informa la Policía por medio de un comunicado.

El viaje desde su país de origen hasta las Islas Canarias acarreaba a cada víctima una "deuda" de hasta 30.000 euros. La red seleccionaba a mujeres con hijos pequeños o bien les exigía quedarse embarazadas durante estancias en Marruecos antes de llegar a España. Los niños eran blanco de las amenazas de la organización para ejercer un control total sobre las mujeres y obtener los beneficios de su ejercicio de la prostitución en Gran Canaria.

La investigación comenzó en febrero del presente año, cuando los agentes tuvieron constancia de que en la localidad de Vecindario, municipio de Santa Lucía, había un grupo organizado que se dedicaba al tráfico y explotación sexual de mujeres. La organización estaba perfectamente estructurada y contaba con los contactos necesarios para que sus víctimas, principalmente mujeres de origen nigeriano, pudieran viajar desde Nigeria hasta España, debiendo permanecer un tiempo que podía durar hasta dos años, en el norte de Marruecos.

Es en Marruecos donde las mujeres debían quedarse embarazadas para poder así cumplir con el último requisito exigido por la organización para poder viajar hasta Europa: sus víctimas debían ser mujeres embarazadas o con hijos pequeños. De esta manera, una vez en España, se aseguraban el control de las mujeres a través de sus hijos.

VUDÚ,

Magia negra y amenazas directas

Además del control a través de los menores de edad, los detenidos hacían uso de todo tipo de rituales de magia negra o vudú en África, creencias muy arraigadas en las regiones a las que pertenecen las víctimas del grupo desarticulado. Por otra parte, se pudo constatar la práctica de todo tipo de amenazas directas a las mujeres y a sus familias en Nigeria.

En Marruecos embarcaban en pateras y cruzaban el estrecho hasta el sur de la Península, donde eran ingresadas en Centros de Extranjeros junto con sus hijos. Con posterioridad, los detenidos contactaban con las mujeres y las conducían hasta Gran Canaria en avión, haciendo uso de pasaportes de otras personas con características físicas semejantes para no levantar ningún tipo de sospecha. Se da la circunstancia que los pasaportes eran reutilizados en varias ocasiones, siendo de gran valor las documentaciones de los menores de edad, mediante las cuales podían viajar los hijos de las víctimas.

Una vez llegadas a Gran Canaria, eran obligadas a ejercer la prostitución en el sur de la isla, como medio para poder pagar la deuda adquirida por su traslado hasta España, y que en ocasiones podía ascender hasta los 30.000 euros.

En un primer momento, las mujeres y sus hijos se alojaban en el domicilio de una de las detenidas y principal responsable, donde mantenía un dominio absoluto sobre las víctimas, controlando todas sus actividades y gestionando el dinero que obtenían ejerciendo la prostitución. Una vez las víctimas se sometían a la organización y se mostraban dóciles ante sus integrantes, se les permitía alojarse en otros domicilios, y dejar así espacio a nuevas mujeres que iban llegando, pero siempre bajo el más estricto control.

Menores de edad bajo vigilancia

Otro de los detenidos, y marido de la cabecilla de la organización, llegaba a estar al cuidado de los menores de edad, logrando de esta manera que las mujeres sintieran un miedo absoluto por lo que pudiera llegar a ocurrirles a sus hijos. Los detenidos también hacían uso de otras personas, ajenas al grupo investigado, que hacían labores de cuidado de los niños, sin que tuvieran conocimiento de la situación de sus madres. Las víctimas no sólo debían pagar la deuda contraída, sino que debían desembolsar ciertas cantidades de dinero por alojamientos, cuidados de sus hijos, comida, agua y luz.

La Policía Nacional lanzó en abril una campaña en la que se difundieron dos vídeos a través de los cuales se ofrecen medios para posibilitar tanto la colaboración ciudadana como la denuncia de las víctimas. Estas vías ofertadas son el teléfono gratuito -900.10.50.90- atendido las 24 horas por policías especializados de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos y el correo electrónico —trata@policia.es— que preservan la confidencialidad de sus usuarios.

Además, se creó una página web dentro del portal de la Policía (www.policia.es/trata) como canal adicional de información a los ciudadanos sobre este delito, con especial atención a las medidas preventivas, al marco normativo y a los derechos de las víctimas. Aquí también se pueden encontrar direcciones, teléfonos de oficinas policiales y de otras instituciones y organizaciones de carácter social, todo ello a nivel nacional y en lo que se refiere a este delito.