La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCyL) y los presidentes de las nueve audiencias provinciales de la región han acordado este martes la creación de una comisión de seguimiento que coordine el protocolo de colaboración firmado el pasado mes de junio para intercambiar información de cara a prevenir y evitar, en la medida en que lo permita la legislación vigente, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.

Así lo ha explicado el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, quien ha aclarado que ya desde junio se lleva a cabo el intercambio de información y el traslado de informes sobre la situación de los deudores hipotecarios a los jueces de primera instancia, si bien a partir de ahora será la nueva comisión la que "coordine" y "redacte" esos documentos.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Concepción ha añadido que con dichos informes se pretende que los jueces "puedan proceder a la suspensión" de los procesos de desahucios "atendiendo a la concurrencia de los supuestos" en los que la ley la permite.

Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha subrayado la importancia de que tanto la Junta como el sistema judicial tengan "información común" para "conocer los casos con carácter previo" que puedan requerir apoyo social.

En función de esto, el convenio firmado permitirá la combinación de las estadísticas de la Gerencia de Servicios Sociales y las del TSJCyL para tener "mejor conocimiento del impacto de la crisis en las familias" y buscar "la máxima adecuación" de las actuaciones al "cambiante" marco social y jurídico, por lo que también se organizarán acciones formativas e informativas para la acción de los operadores, tanto sociales como jurídicos.

De este modo, en los casos en los que el juez, durante el despacho de un asunto de esta naturaleza, pudiera albergar dudas sobre la capacidad de los afectados para afrontar la pérdida de su vivienda, podrá pedir a los Servicios Sociales que emitan un informe de la situación de vulnerabilidad del afectado. El objetivo del informe es proporcionar información "actualizada y veraz", según se señala en el acuerdo, con la que el juez pueda apreciar cada situación.

Carácter preventivo

"Queremos que el Tribunal Superior de Justicia esté implicado en las fases preventivas", ha recalcado Marcos, quien ha añadido que con este acuerdo los jueces y magistrados podrán disponer del informe en el plazo de diez días.

Asimismo, ha animado a las familias a acudir a las familias al Programa de Atención "antes de que se produzca el primer impago de la hipoteca" a través del teléfono 012.

En este sentido, la consejera ha explicado que durante el ejercicio pasado éste atendió a más de 2.000 familias, de los que "el 90 por ciento de los casos cerrados fueron resueltos". Por lo que se refiere a estas cifras, Marcos ha defendido que los casos de desahucio en Castilla y León son "muy inferiores" a las de otras comunidades autónomas, aunque "un sólo caso ya es un problema, por lo que ha anunciado la puesta en marcha el próximo viernes de una Red de Protección a las Familias que permita el trabajo conjunto de todos los agentes implicados para "dar una respuesta única".

El programa integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, puesto en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta cuenta con 30 oficinas en la región que ofrecen información y asesoramiento tanto desde el punto de vista económico como social en estos casos de pérdida de vivienda.