La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ordenado este martes la apertura de Juicio Oral contra el diputado de IU, Ángel González Álvarez por unos hechos constitutivos de un delito de prevaricación administrativa cuando era Viceconsejero de Bienestar Social y Vivienda, según ha informado el TSJA. También está acusado el por entonces secretario general técnico de la Consejería, Roberto Moro Tella.

El Ministerio Fiscal solicita para Ángel González la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación administrativa, lo que implica directamente la pérdida de su condición de miembro electo de la Junta general del Principado, así como la imposibilidad de presentarse a ningún tipo de elección o ser nombrado para puerto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública.

El Magistrado Instructor, José Ignacio Pérez Villamil, entiende que los hechos son "susceptibles de enjuiciamiento" en virtud del escrito del Ministerio Público.

La Fiscalía relata que el diputado de IU, Ángel González, en su condición de Viceconsejero de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, guiado por el legítimo interés de dar cumplimiento a la acción política que representaba decidió que, para conmemorar a las víctimas del franquismo convenía colocar diversos hitos que recordasen a las mismas en las múltiples fosas, señalizando el lugar en el que se encontraban.

Con tal propósito, siempre según el relato de la Fiscalía, entre los meses de enero a septiembre de 2010 convocó en la sede de la Consejería a Manuel Fernández Martínez en su calidad de administrador de la sociedad New Construction S.L.. En tal reunión se le encargó que presentase un presupuesto para una adjudicación de un contrato menor de obras para la entrega y colocación de dichos hitos, debiendo acompañarlo con el presupuesto de otras dos empresas que él entendiese convenientes.

"Encargo que se realizó a los efectos de dar cobertura legal a la exigencia interna de presentar tres presupuestos, el suyo propio y el de otras dos empresas distintas para 'cubrir el expediente' de la posterior adjudicación por el procedimiento de contratación menor de obras, sin que conste en las actuaciones, ni en los archivos de la citada Consejería ningún tipo de pliego o indicación de en que consistía el suministro solicitado, ni se concretase en qué lugar habría de ser colocados posteriormente los hitos conmemorativos", señala la Fiscalía.

Dos presupuestos ficticios

En los primeros días del mes de octubre de 201', Fernández Martínez, entregó personalmente, según el fiscal, en la sede de la Consejería tres sobres con los respectivos presupuestos, el suyo y el de las mercantiles Contratas Aurelio Quirós S.A y Nemesio Bedia Construcciones S.L. Los presupuestos ofertados fueron de 49.856 euro el de New Construction; 49.989,97 euros el de Contratas Aurelio Quirós y de 58.000 el de Nemesio Bedia Construcciones.

La Fiscalía entiende que la preparación del contrato y adjudicación se practicó sin respetar el cauce de aplicación en la Consejería. Cuando la jefa del servicio de asuntos generales de la Consejería estaba preparando los pliegos para la contratación por el procedimiento negociado, acudió a su despacho el viceconsejero, Ángel González, y le dijo que era imposible tramitar el contrato por un procedimiento negociado porque eso llevaría mucho tiempo y "él quería hacerlo ya".

A lo que ella le respondió que podía hacerse como un contrato menor de suministros, que eso sería ilegal, por lo que llegaron a discutir, hasta que finalmente ella le mostró su desacuerdo y se negó a tramitarlo., a los que el Viceconsejero insistió en que tenía que hacerse como él quería, ya que un negociado no daría tiempo.

Al final, "la contratación se produjo como quería el viceconsejero, mediante una tramitación interna en contradicción, tanto con las normas internas de la propia Consejería, cuanto contraria a la normativa en vigor en materia de contratación pública y que concluyó con un fraccionamiento ilegal de un contrato", sostiene la Fiscalía.

A fecha actual, la totalidad de lo contratado se encuentra pagado y ha podido determinarse que, al menos más de 40 de los hitos suministrados no han sido colocados ni utilizados para señalizar fosa alguna, de forma que están en el depósito de la empresa disposición de la Administración.