Manuel Chaves, presidente de Andalucía.

Chaves dijo hoy que en un Estado de Derecho "no nos podemos dejar llevar por un espíritu de venganza", en relación a la posibilidad de que la Audiencia Nacional modifique las condiciones penitenciarias del etarra José Ignacio De Juana.

Chaves consideró "razonable" una decisión del tribunal en la línea de "prisión atenuada o libertad provisional", puesto que De Juana no está condenado actualmente por ningún asesinato o atentado, sino por amenazas terroristas.

José Antonio Alonso, ministro de Defensa.

Alonso confió hoy en que los jueces que deciden la situación de De Juana Chaos ponderen que el Estado "no puede ceder a ningún tipo de chantaje" y que deben "tratar de ayudar" a que la huelga de hambre del preso etarra no tenga "consecuencias irreversibles".

Alonso recalcó que los jueces deben "tratar" de evitar lesiones irreversibles en el estado de salud del preso etarra, pero enfatizó que "la responsabilidad en ningún caso puede ser del Estado".

Joseba Azkárraga, consejero de Justicia del País Vasco

Considera que a De Juana Chaos "debe ser aplicada una atenuante en la situación en la que está".

El consejero vasco ha admitido que "hay desproporción" entre la condena de 18 años de cárcel cumplida por De Juana por 25 asesinatos, al aplicársele el Código Penal anterior a la reforma, y la condena a 12 años y siete meses impuesta por dos artículos de opinión. "La ley debe ser igual para todos", y aunque ha calificado de "repudiables los crímenes de De Juana", se ha mostrado contrario a la "aplicación de la ley como venganza".

Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general de PSE y actual presidente de la Fundación para la Libertad

Redondo Terreros cree que se debería evitar "por cualquier medio" la muerte del etarra, porque rechaza "cualquier muerte", incluso la que "está impulsada por la propia voluntad".

"Me gustaría que siguiera viviendo", dijo Redondo, y eso es lo que "me diferencia radicalmente de De Juana Chaos", que "yo defiendo la vida y no me alegro por la muerte de nadie", es decir, que "lamentaría que a él le sucediera algo irreparable, hasta de una persona que ha brindado por el asesinato de dos personas en Sevilla, un concejal del PP y de su mujer", agregó.

María San Gil, presidenta del PP del País Vasco.

San Gil opinó hoy que la "presunta excarcelación" del preso Iñaki de Juana Chaos significaría un "escándalo democrático", ya que "el estado de derecho, la democracia y la sociedad española no pueden ceder ante un terrorista que ha asesinado a 25 personas".

La dirigente popular sostuvo que De Juana "eligió voluntariamente asesinar y ha elegido voluntariamente ponerse en huelga de hambre", motivo por el que se opuso a su posible excarcelación.

Vicente Martínez Pujalte, portavoz adjunto del PP en el Congreso.

Pujalte ha negado que el problema generado por el preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos sea humanitario, porque él mismo ha provocado esta situación para hacer "chantaje".

El hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya pedido esta medida obedece en su opinión a una "concesión" del Gobierno, ejecutada a través de la Fiscalía General del Estado, para poder seguir "negociando" con ETA.

Agustí Cerdá, portavoz de ERC en el Congreso.

Cerdá ha afirmado que la situación generada por la huelga de hambre de De Juana Chaos "es fruto de un exceso que se cometió en su día en nombre del 'Estado de Derecho" cuando se impuso la "mano dura" contra él por dos artículos suyos en prensa.

Cerdá dejó claro que su formación "respetará la decisión que finalmente adopten los tribunales".

Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz parlamentario de CiU en el Congreso.

Duran i Lleida adelantó que su formación respetará la decisión que adopten los jueces de la Audiencia Nacional, pero recordó que hay hospitales penitenciarios que pueden garantizar ese derecho a la vida.

Además, afirmó que se trata de una decisión judicial "compleja y difícil" pero añadió que un sistema democrático "no debe obedecer a chantajes de ningún tipo", sean "políticos" o "extrapolíticos".