El Principado calcula que ha ahorrado hasta ahora 550.000 euros con la ley de reestructuración del sector público

Las medidas de la ley de reestructuración del sector público aplicadas hasta ahora han generado un ahorro neto de unos 550.000 euros. Son las cantidades que se habrían dejado de gastar por la supresión del Instituto Asturiano de Estadística (IAE), la creación del nuevo servicio de emergencias (SEPA) y la fusión de Recrea y la Sociedad Regional de Turismo (SRT).
Carcedo (segunda por la izquierda) durante su comparecencia.
Carcedo (segunda por la izquierda) durante su comparecencia.
EUROPA PRESS
Carcedo (segunda por la izquierda) durante su comparecencia.

Las medidas de la ley de reestructuración del sector público aplicadas hasta ahora han generado un ahorro neto de unos 550.000 euros. Son las cantidades que se habrían dejado de gastar por la supresión del Instituto Asturiano de Estadística (IAE), la creación del nuevo servicio de emergencias (SEPA) y la fusión de Recrea y la Sociedad Regional de Turismo (SRT).

Los cálculos los ha hecho públicos el diputado del PSOE, José María Pérez, durante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado, en la que ha comparecido la consejera del ramo, Dolores Carcedo, quien ha refrendado estas cantidades.

Se trata de momento de la única estimación que asume el Ejecutivo autonómico, porque a preguntas de la diputada de Foro Asturias, Teresa Alonso, Carcedo ha negado que hubiese una previsión de ahorro de 33 millones de euros, como se había señalado en su momento.

La consejera ha explicado que esta cantidad era un cálculo que incluía el valor neto contable de las acciones de Hostelería de Asturias (Hoasa) y de Sedes (en este último caso, 28 millones de euros), pero la primera no se venderá, y no existe un cálculo del coste que puedan alcanzar las participaciones públicas de la segunda cuando se sometan a subasta. "Eran un valor estimativo", ha matizado la responsable de Hacienda, al respecto del montante accionarial, "nunca se sumó".

Las medidas de reestructuración llevadas a cabo hasta el momento, incluyen, entre otras acciones, la supresión del Instituto Asturiano de Estadística, con un ahorro en personal y alquileres inmobiliarios de unos 425.000 euros; la fusión de Bomberos de Asturias y 112 en el nuevo SEPA (que hasta el momento ha conllevado la eliminación dos contratos de gerencia y secretaría con una suma de más de 62.000 euros -confían en ahorrar en gastos corrientes hasta unos 450.000-); y la eliminación de otro puesto de gestión en la fusión de Recrea y SRT, con un coste que también rondaría los 60.000 euros.

Además, la consejera ha dado cuenta del encargo de la valoración de las acciones de Sedes, y del contrato para las asistencias técnicas en la liquidación de Gitpasa y el proceso de adjudicación de la gestión del Hotel de La Reconquista, por parte de Hoasa. También se ha referido a los pasos dados en la disolución de Sitasa, que gestionaba el hotel de La Rectoral de Taramundi, el nuevo objeto social de la empresa de Servicios Serpa (cuyo volumen de actividad este año alcanza de momento los 3,4 millones de euros contratados) o la liquidación del Parque de la Prehistoria.

"ciento y pico mil euros" gastados

El representante del PP, José Agustín Cuervas-Mons, y la representante de Foro Asturias, Teresa Alonso, criticaron la falta de concreción de datos estimados de ahorro con la ejecución de esta ley. El diputado 'popular' llegó a matizar los cálculos ofrecidos por la consejera, señalando que los contratos de asistencia técnica firmados en el caso de Sedes, Hoasa y Gitpasa sumarán "ciento y pico mil euros, y eso molesta oírlo, porque hay cosas que podría hacer el Principado".

En su opinión, es "una reforma más de forma que de fondo" y duda de que tenga efectos prácticos "en los bolsillos de los ciudadanos". En la misma línea se ha expresado Alonso, para quien "resulta imposible determinar su alcance real", y sospecha de que las primeras estimaciones "fuesen muy optimistas".

En apoyo de la consejera, ha intervenido el diputado socialista, José María Pérez, que ha recordado que la ley entró en vigor el 1 de junio, y por tanto en cuatro meses "todas sus medidas previstas están en marcha". Tras recalcar el ahorro neto ya alcanzado, ha apuntado que su partido no comparte el "espíritu de recortes" en la reestructuración del sector público del Gobierno central, por lo que se están haciendo las cosas "razonablemente bien".

Pérdida de puestos de trabajo

Por su parte, el portavoz de IU, Ángel González, ha orientado su preocupación hacia la posible pérdida de puestos de trabajo y ha ido intentando arrancar, pregunta a pregunta, el compromiso de la consejera de que ninguna de las medidas comentadas conllevará la eliminación de los empleos con los que hasta ahora han contado las diferentes entidades y organismos. "Es preocupante que se dedique tanto tiempo a hablar del ahorro, cuando el ahorro son puestos de trabajo" que se pierden, ha apuntado.

Ha llamado la atención sobre el futuro ERE que afectará a 40 trabajadores de la empresa Sedes, y ha mostrado su interés en que la subasta de las acciones incluya un compromiso de mantenimiento de la plantilla.

El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha considerado "fundamentales" las medidas reseñadas, pero ha remarcado su interés en que su ejecución llegue a buen puerto porque "los fondos seguirán reduciéndose y tenemos que tener un sector público que nos podamos pagar". Ha mostrado sus dudas sobre la forma en la que se ha procedido a adjudicar a una empresa privada el Hotel de La Rectoral de Taramundi, "utilizando como intermediario al Ayuntamiento, cuando lo podría haber hecho el Principado".

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