El representante legal de la farmacéutica Grünenthal, fabricante de la talidomida, ha declarado este lunes que este fármaco "no estaba indicado para las embarazadas" pero ha reconocido que entonces, en el prospecto, no se las excluía porque en aquella época "no había concienciación" para este tipo de indicaciones.

El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid ha celebrado este lunes el juicio contra la farmacéutica alemana Grünenthal por la venta de talidomida en España a través su filial Medinsa. A la vista oral han asistido afectados con malformaciones y muchos de sus familiares que han abarrotado la sala de vistas. La sentencia se conocerá en dos meses, según fuentes jurídicas.

En el procedimiento civil están inmersas veinticuatro de las cientos de víctimas que causó el consumo de este medicamento en España a raíz de una demanda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE). Los afectados reclaman un total de 204 millones de euros y que la farmacéutica alemana pida perdón por los daños causados.

La talidomida era un calmante que comenzó a comercializarse a partir de 1957. El fármaco se retiró en diciembre de 1961, pero los demandantes sostienen que hubo ventas en España hasta mayo de 1962. Provocó malformaciones congénitas en cerca de 3.000 personas en España.

Antes de que comenzara la vista oral, los afectados han pedido que se haga Justicia y que la empresa pida perdón por el daño causado. Además, han relatado el 'vía crucis' vivido por motivo de las malformaciones ocasionadas por su consumo.

"La lucha no es solo por el dinero, sino por el reconocimiento de la enfermedad", ha aseverado José Riquelme, presidente de Avite, quien ha señalado que se han sentido abandonados por los diferentes gobiernos.

Durante su declaración en calidad de demandado, el representante de la alemana ha insistido en que este fármaco se retiró en diciembre de 1961 ante las sospechas de que podría tener efectos secundarios y ha negado, a preguntas del abogado de las víctimas, que se vendiera más allá de esa fecha.

De hecho, ha especificado que se retiraron 91 kilos de este fármaco de los 150 kilos que se exportaron para su venta en España. "La retirada se hizo bajo sospecha de posibles efectos y sin que la empresa estuviera obligada a ello para que el impacto fuera el menor posible".

A preguntas acerca de cuándo conoció la farmacéutica que el fármaco provocaba daños en los vasos sanguíneos y en los músculos, ha señalado que en noviembre de 1961 un doctor alertó de ello ya que se vio "una relación causal" de la talidomida con posibles efectos secundarios.

En relación al prospecto del medicamento, el representante ha destacado que no estaba indicado para embarazadas y sí para dolores menstruales, algo de lo que ha dicho que no era compatible con la gestación. No obstante, ha admitido que en las indicaciones no se excluía a mujeres embarazadas porque "no había concienciación" de este tipo de especificaciones en aquella época.

"El prospecto en España estaba aprobado por el Ministerio de Sanidad y las indicaciones eran las del registro. Cuando se retiró del mercado se hablaba de cambiarlo por la polineuritis", ha señalado y ha negado que entonces la alemana ocultara lo que pasaba a los profesionales médicos después de que se le leyera una carta acerca de este asunto.

"Estoy convencido de que se informó. En el año 62 la prensa estaba al corriente de todo. Fue uno de los temas de mayor repercusión en aquella época. Cualquiera estaba al tanto", ha subrayado el encargado de representar a la demandada.

En un momento determinado, el abogado le ha exhibido unos cuadros de venta de mayo de 1962 en el que supuestamente se recogían ventas del producto. A ello, el representante ha señalado que el documento lo que muestra es la bajada de ventas a partir de 1961. "Lo que se ve claramente es que son retiradas", ha apostillado y ha agregado que en España "se vendió poco", ya que se comercializó más tarde que en el resto de países de Europa.

Por último, el letrado ha preguntado si la empresa hizo algo para ponerse en contacto con los afectados en España después de que concluyera en Alemania el juicio por los casos que se produjeron, a lo que ha contestado que "solo se retiró el material".

Tras la declaración, las partes han realizado sus conclusiones en las que han expuesto sus demandas en base a su argumentación jurídica. El abogado de las víctimas ha fundamentado la petición de 204 millones en indemnizaciones en base a la supuesta negligencia del fabricante al vender el producto, a pesar de que conocía sus efectos secundarios. Tras ello, ha quedado visto para sentencia.