El último atestado de la Guardia Civil sobre el pago de sobrecomisiones en los ERE afirma que, sobre una veintena de pólizas que totalizaron 120.431.426 euros, la Junta pagó 12.176.626 euros en comisiones por encima de la media de mercado. El atestado asegura que los mediadores en las pólizas percibieron comisiones por valor de 18.065.630 euros, que supone un porcentaje promedio del 13,6 %, frente al 4,6 % de media del mercado en aquella época.

Esta información se refiere a la última rama de los ERE en la Operación Heracles 2, referido a las sobrecomisiones y lo que la jueza Mercedes Alaya cree posible financiación irregular de CC OO y UGT, y dentro de la cual el pasado jueves imputó a los líderes sindicales Salvador Mera, secretario general de UGT en Cádiz, y Roberto Carmona, exsecretario de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A, entre otros.

Según la Guardia Civil, los sindicatos percibieron por los expedientes analizados hasta ahora 7.648.815 euros que "trataron de justificar como trabajos de recopilación de datos o asesoramiento". Sin embargo, según el atestado, en los casos estudiados "no se ha puesto de manifiesto ningún tipo de trabajo efectivo prestado por los sindicatos mencionados al colectivo de trabajadores afectados".

Por otra parte, el atestado informa de que asciende a 1.828.576 euros el total de los pagos realizados por las empresas beneficiarias de ayudas públicas al entramado dirigido y controlado por el exsindicalista y "conseguidor" Juan Lanzas, encarcelado desde marzo pasado. De ellos, destacan los 492.655 euros pagados por Mercasevilla, los 387.277 de Nexprom, los 118.752 euros de Surcolor y los 487.200 euros de Samec.

La Guardia Civil recoge la manifestación realizada por el empresario Jorge Andrés Morell según el cual Lanzas le explicó que pedía comisiones porque "tenía que pagar favores a personas con responsabilidades públicas en la Junta de Andalucía", y le dijo: "A ver si tú te crees que trabajo solo", "tú no sabes lo que tengo que engrasar para conseguir estas subvenciones".

Este último atestado analiza la "operativa de blanqueo de capitales" detectada por la forma de disponer de dinero de Lanzas y afirma que "se trataba de un mecanismo irregular que facilitaba que no fuese identificado" y para lo que contó con la "colaboración y asesoramiento necesario" por parte de las sucursales bancarias de Jaén con las que trabajaba.

Lo mismo afirma respecto al Bufete Villasís de Sevilla y las dos sucursales de Bankia en Sevilla con las que trabajaba, en las que "ningún responsable dio cuenta al servicio de prevención de blanqueo de capitales de esa entidad" de los pagos detectados, a pesar de "tratarse de operativas sistemáticas" referenciadas en la normativa de prevención "y por lo tanto sujetos a la obligación de su comunicación".

Los reintegros fueron realizados mediante el pago de cheques en ventanilla en sucursal diferente, lo que "aportó un plus de opacidad a las cooperativas" y se dificultaba "la investigación de la trazabilidad de dichos fondos", dice el atestado.

Por otro lado, la jueza Mercedes Alaya ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que le informe sobre cuándo prescriben los delitos que está investigando. De esta manera, podrá "decidir si procede encomendar la investigación" a la Guardia Civil "de las ayudas sociolaborales más antiguas".