El Gobierno central mantiene, en una respuesta parlamentaria, que las pensiones de los emigrantes retornados que no tributaron por ellas en los correspondientes años fiscales están sujetas a sanciones por parte de la Agencia Tributaria (AEAT).

Esta contestación, a una pregunta formulada por el BNG, está firmada el 5 de septiembre, es decir, con anterioridad a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijese en el Congreso que se estaban estudiando los casos de este colectivo de pensionistas de forma "individual". Sin embargo, ha sido registrada en la Cortes el 7 de octubre, esto es, después de la intervención (el 25 de septiembre) del dirigente económico.

La portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, envió el pasado mes de junio una pregunta parlamentaria al Ejecutivo interesándose por este asunto. Según decía, gran parte de los jubilados con pensiones en el extranjero han recibido requerimientos de la AEAT para que acrediten las cantidades percibidas desde 2008 por este concepto con el objetivo de proceder a su regularización en el IRPF de ese ejercicio.

La diputada asegura que "este colectivo de afectados jamás recibió información en relación a la obligación de declarar dichas pensiones" y en ningún momento tuvieron intención de defraudar a Hacienda, lo que a su entender es "suficiente argumento para solicitar la eliminación de las sanciones interpuestas" que, en muchos casos, suponen "costes demasiado elevados para que los puedan asumir".

Lo recoge la ley general tributaria

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno mantiene las sanciones para los pensionistas y señala que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 2006, establece que "las personas físicas residentes en España tributan por su renta mundial, de modo que deben incluir, entre sus rendimientos del trabajo, las pensiones obtenidas, independientemente del lugar donde se hubieran producido y cualquiera que sea la residencia del pagador".

Así, responde que la Agencia Tributaria "ha iniciado las correspondientes actuaciones de comprobación tributaria" para verificar si se declararon correspondientemente estas cuantías obtenidas en el extranjero, actuaciones que se pueden realizar "siempre que no haya prescrito el periodo impositivo objeto de comprobación" y respetando en cualquier caso los convenios par evitar la doble imposición.

Cuando la AEAT detecte casos de pensiones por las que no se ha tributado se produce "una falta de ingreso dentro del plazo establecido, de la totalidad o parte de la deuda tributaria, o una solicitud indebida de devolución tributaria", ambos supuestos recogidos en las infracciones que prevé la Ley General Tributaria y lo que ocasiona las multas a los emigrantes retornados que cobran pensiones del extranjero y que no tributaron entre 2008 y 2012 por ellas.

El parlamento gallego llegó a un acuerdo

La pasada semana tampoco se logró un acuerdo para evitar estas multas en el Senado, pese a que sí lo hubo en la Cámara gallega, donde los cuatro grupos con representación alcanzaron un consenso por unanimidad el 9 de septiembre. En él, precisamente, pedían eximir de las sanciones a los que regularicen su situación.

Asimismo, en el acuerdo de PPdeG, PSdeG, AGE y BNG en el Parlamento gallego se propone habilitar, para el caso de que los pensionistas tengan que afrontar pagos por sus declaraciones complementarias, "periodos de pago más largos que los estipulados habitualmente" en aras de "evitar el quebranto económico en las unidades familiares de estos pensionistas".

Además, la propuesta, dirigida al Gobierno de España en relación a la inspección que ha llevado a cabo la Agencia Tributaria para las pensiones desde 2008, pide que la regularización de los pensionistas se haga "sin considerarlos como defraudadores fiscales, ofertando información pormenorizada y homogénea de sus obligaciones fiscales".

Fruto del acuerdo de todos los grupos, que desatiende el Gobierno central, la resolución aprobada también propone la revisión de los convenios marco con otros países para evitar que situaciones de este tipo se puedan volver a repetir en el futuro, así como que se tengan en cuenta los mencionados criterios para "estimar los recursos que se presenten ante las sanciones ya comunidades", es decir, que los que ya han pagado sanciones puedan recuperar el dinero.