El caso de la Zerrichera continúa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. Ayer, el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto (PP), le echó el muerto al Gobierno regional.«El Ayuntamiento sólo inició el proceso, pero donde se aprobaba era en la Comunidad», aseguró tras declarar como imputado por la recalificación de la Zerrichera, un paraje protegido por la UE, donde un promotor quiere construir 4.000 viviendas.
Hoy le toca declarar ante la Fiscalía del TSJ al director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, que firmó en 24 horas la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto en 2004.
La Asociación de Naturalistas del Sureste exigió ayer que se declare nulo el informe de Alvarado. El lunes el Gobierno regional envió a Bruselas los papeles exigidos por la UE para investigar el caso.
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