El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado una proposición no de ley en la Cámara en la que reclama que la Junta se persone, a través de su gabinete jurídico, como acusación en la causa abierta por la justicia de Argentina ante los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista.

En la citada iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo parlamentario de IULV-CA pide también que el Gobierno andaluz apoye y reconozca expresamente la actuación de los colectivos memorialistas en defensa de la "verdad, justicia y reparación" para las víctimas del franquismo.

En la exposición de motivos se explica que la jueza María Servini de Cubría, responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de la República Argentina está abriendo nuevos cauces de trabajo sobre los crímenes cometidos durante el franquismo, que en el ámbito internacional están claramente definidos como "crímenes contra la humanidad, imprescriptibles y perseguibles", y que rechazan en todo caso "leyes de punto y final".

"Ésta es la llamada querella argentina", apunta el grupo parlamentario de IULV-CA, quien añade que en Andalucía las posibilidades de juzgar a los responsables de los crímenes cometidos desde la Guerra Civil por los golpistas y, posteriormente, por la dictadura franquista, son "bastante escasas".

Para IULV-CA, la querella argentina abre nuevamente la puerta a la justicia, basándose en el principio de "justicia universal", el mismo por el que Pinochet fue encausado por la justicia española y el mismo por el que se realizaron los juicios contra militares argentinos implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en su país.

Asimismo, según explica, la jueza María Servini introduce nuevamente el debate sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura franquista y, junto a ello, el propio debate "sobre cómo se cerró esta página de la historia de España sin querer leerla".

La orden de detención internacional que aparece en la resolución judicial va contra miembros de las Fuerzas del Orden Público que formaron parte del aparato represor franquista, "rompiendo esa idea de que todos los responsables estaban ya muertos".

Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres exministros y dos exjueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa.