Por lo general, todas las solicitudes de fraccionamiento son aceptadas. Para ello, antes deberá probar que su situación económica le impide en ese momento efectuar el pago de sus débitos. Una vez demostrado, tendrá que obtener el visto bueno de la Junta de Gobierno local, aunque es un mero trámite.

Una vez salvados los pasos burocráticos, se le concederá en principio un plazo máximo de seis meses, excepto en un solo caso.

Cuando exista un informe de los Servicios Sociales municipales que acredite «la muy precaria situación económica», según explicó la concejala de Economía, Isabel Nieto, se le concederá un mayor respiro, es decir, un aplazamiento de la deuda.

Garantías

En ese caso, deberá garantizar que, una vez pasado el plazo, podrá afrontar la obligación de pago mediante un aval, salvo en el supuesto de que la deuda sea inferior a 3.000 euros o cuando carezca de bienes suficientes para hacerlo.

Si justifica que no es posible obtener dicho aval, o con ello se compromete la viabilidad de una empresa, el Ayuntamiento podrá admitir otras garantías: una hipoteca inmobiliaria, mobiliaria, fianza personal o solidaria o cualquier otra que se estime suficiente. No obstante, el aplazamiento del pago tiene un inconveniente: supone tener que afrontar, una vez pasado el plazo, la cuantía de la deuda más los intereses sobre ella.