El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Manuel Martín-Granizo, ha señalado este viernes en Burgos que la polémica surgida en torno a la Ley de Demarcación y Planta Judicial es "injustificada", durante su discurso en el acto de apertura del Año Judicial en la Comunidad.

"No se ha interpretado adecuadamente el texto del borrador, sobre todo al contenerse lo que no pueden ser sino dos erratas en los anexos al borrador de la citada ley en el apartado referido a Castilla y León"; ha aseverado Marín-Granizo, antes de añadir que, en el nuevo escenario, "no se puede mantener el optimismo sobre la supresión de la persecución penal de las infracciones de menor importancia".

En este sentido, ha destacado que éstas suponen el 50 por ciento del trabajo de los fiscales en lo que se refiere la asistencia a los juicios, a la vez que ha explicado que el recorte que propugnó el Consejo Fiscal parece que no se recoge en el proyecto que el Gobierno de la nación ha remitido a las Cortes Regionales y que tendrá que debatirse a lo largo del presente curso parlamentario.

Al respecto, ha señalado que si legislador no excluye del ámbito jurisdiccional el enjuiciamiento de estas pequeñas infracciones, "será difícil" la puesta en funcionamiento del nuevo sistema que se contiene en los borradores.

Por otro lado, ha destacado que el nuevo modelo procesal regula un fiscal que investiga, con la efectiva dirección de la Policía Judicial pero "excesivamente controlado" en su actuación por el juez que resolvería no sólo las medias cautelares, las limitaciones de derechos fundamentales y la apertura del juicio oral, sino también las impugnaciones de las partes acusadoras y acusadas a su actividad investigadora.

"Esperemos que esta injustificada desconfianza hacia el fiscal investigador sea corregida en la elaboración de la ley", ha añadido el fiscal jefe del TSJCyL, antes de explicar que el nuevo modelo territorial que consagra el borrador de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación es muy "sugestivo y racional".

En concreto, ha señalado que su aplicación permitirá a España equipararse con otros países de su entorno, en los que existe una instancia provincial, una segunda instancia regional y una casación nacional, aunque ha asegurado que su aplicación práctica "no será fácil de realizar".

Memoria anual

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha aprovechado su discurso para anticipar algunos de los datos que se recogen en la Memoria Anual de la Fiscalía de 2012 que se presentará el 15 de octubre en las Cortes regionales.

En dicho documento, se plasma que los fiscales de Castilla y León elaboraron 11.910 escritos de cualificación o acusación a lo largo de 2012, de los que 4.861 fueron por juicios rápidos, 7.165 en procedimientos abreviados, 54 en sumarios y diez en procedimientos de jurado.

Además, asistieron 698 comparecencias sobre medidas cautelares penales solicitadas por la Fiscalía e intervinieron en 7.778 juicios ante los juzgados de lo penal y 264 ante las audiencias y el tribunal del jurado, además de asistir 13.147 juicios de faltas.

A lo largo del pasado año, los fiscales de Castilla y León también despacharon 21.279 ejecutorias, en las que emitieron un total de 51.238 dictámenes y 22.182 dictámenes en expedientes de vigilancia penitenciaria.