El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afeado este viernes los abucheos que recibió el jueves la jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía, y ha resaltado la "imparcialidad" e "independencia" con la que la magistrada está llevando a cabo la instrucción.

Torres-Dulce ha hecho estas manifestaciones en declaraciones a los periodistas tras entregar la Memoria de su departamento correspondiente a 2012 al presidente del Senado, Pío García Escudero, y en referencia a los abucheos de afiliados de UGT y CCOO a la juez.

Con "todo el respeto" a una institución "tan importante" como es un sindicato y a su derecho a manifestar cualquier opinión crítica a una decisión judicial, Torres-Dulce ha rechazado "terminantemente" la forma en que se llevó a cabo esa protesta.

Porque se hizo, ha añadido el fiscal general, "prácticamente en sede judicial y ante una autoridad judicial que está investigando con la independencia y la imparcialidad necesaria, exigible y constitucionalmente impuesta al poder judicial".

Ha recordado que la tramitación de un proceso judicial debe estar "exenta de cualquier tipo de presión o manifestación" y se ha mostrado convencido de que los abucheos de ayer no van a afectar a la independencia, objetividad e imparcialidad de la jueza Alaya.

A su juicio, las formas de expresar las críticas o las disidencias "en modo alguno pueden sobrepasar ciertos límites que muy posiblemente se sobrepasaron ayer en Sevilla".

Preguntado si los abucheos de los sindicalistas pueden tener consecuencias penales, Torres Dulce ha señalado que en primer lugar corresponde a las fuerzas de seguridad garantizar que "los derechos de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos", y también "asegurar la independencia de actuación y la seguridad de los miembros del poder judicial".

Es en ese terreno en el que el Consejo General del Poder Judicial "dirá lo que estime procedente", ha explicado Torres-Dulce, quien ha insistido en que situaciones como las de ayer que pueden afectar a jueces y fiscales "no van a tener ningún tipo de repercusión" en las decisiones que Alaya va a tomar "con la imparcialidad y legalidad a la que está sujeta".