El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado este jueves que el coste total del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas Castor se sitúa alrededor de los 1.700 millones de euros.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso, Soria ha recordado que la actividad de almacenamiento de gas está regulada y, por tanto, tiene la consideración de coste del sistema y se retribuye mediante la tarifa, aunque solo una vez que entra en funcionamiento, en el marco del sistema gasista.

El ministro ha detallado que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente.

Sin embargo, el ministro no ha aclarado quién tendría que sufragar estos costes en caso de que la instalación nunca llegue a entrar en funcionamiento y, por tanto, esa cantidad no pase al sistema. El ministro ha recordado que esta instalación se consideró necesaria y "urgente" en la planificación del sistema gasista 2008-2016, pero que "en el momento actual" de caída de la demanda "es necesario realizar un nuevo análisis costes-beneficio" que tenga en cuenta la "infrautilización" de las infraestructuras de este sector. "El Gobierno (actual) ajustó la retribución y estableció una fase de pruebas", en la que se encontraba la instalación en el momento de su paralización.

Soria ha reiterado que todavía no se dispone de un informe definitivo, pero los expertos apuntan a que existe una "relación directa" entre los movimientos sísmico y las inyecciones de gas, al tiempo que descartan "riesgos" relevantes. "Hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura (...) no va a reanudar su actividad", ha insistido, al tiempo que ha instado a esperar a los informes definitivos de los expertos antes de decidir cuáles serán los siguientes pasos.

También ha subrayado que el Gobierno ha trabajado en todo momento de coordinada con las comunidades autónomas afectadas, Comunidad Valenciana y Cataluña, así como con las diputaciones y ayuntamientos, además de numerosos expertos.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días. El Ministerio de Industria cesó la actividad de inyección de gas del proyecto el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los cientos de pequeños seísmos que se están produciendo en la zona.

El Ministerio de Industria ha solicitado al Tribunal Supremo que declare lesiva una cláusula incluida en la autorización administrativa del almacén subterráneo de gas Castor que establece una indemnización en caso de que se paralice definitivamente el proyecto.

José Manuel Soria, ha anunciado esta petición al considerar que se trata de "una cláusula claramente abusiva para el interés general". El ministro ha explicado que el real decreto de 2008 por el que se concedía la autorización administrativa al proyecto recoge que, en caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación pasaría a ser titularidad del Estado.

En este caso, el operador de la planta tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto y, en caso de que la suspensión se debiera a "dolo o negligencia del operador", al valor residual de este. Esta cláusula, "abusiva" en opinión de Soria, fue recurrida por el Gobierno antes incluso de que comenzaran a registrarse los seísmos.

De la decisión del Supremo dependerá quién tendrá que cargar con los costes de la infraestructura (los 1.700 millones de euros) en caso de que esta nunca entre en funcionamiento, algo que sucederá "en caso de que no haya seguridad plena", de acuerdo con las palabras del ministro.