El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde de Valladolid que asuma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga a relevar al superintendente de la Policía Municipal, renuncie a presentar recurso de casación, restituya la legalidad cesándole de inmediato del puesto que ocupa y evite nuevos costes a las arcas públicas a consecuencia de sentencias judiciales desfavorables.

El PSOE se manifestó de este modo tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Valladolid que resuelve un recurso del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, SPPME, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno municipal del 22 de junio de 2012 que modifica la catalogación de puestos de trabajo para permitir que el hasta ahora superintendente de la Policía Municipal continuara en ese puesto.

Tal y como denunciaron en su día los representantes sindicales de la Policía Municipal de Valladolid, ese acuerdo de la Junta de Gobierno incumplía el artículo 35 de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que obliga a los mayores de 60 años a desempeñar otras funciones distintas de las que desempeñan al cumplir esa edad, pasando a formar parte de la denominada 'segunda actividad'.

La modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento a consecuencia de ese acuerdo del equipo dirigido por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, suponía que los puestos de subinspector, inspector, mayor, intendente y superintendente, todos ellos con contenido operativo, pudieran ser ocupados en situación de 'segunda actividad', algo que prohíben expresamente las disposiciones legales.

Así, el artículo 35 de la Ley 9/2003, de Coordinación de Policías Locales, y los artículos 106 a 111 del Decreto 84/2005 señalan que "el policía local que pasa a la situación de segunda actividad no puede desempeñar las mismas funciones que aquel que permanece en activo", y que "el funcionario policial en segunda actividad pierde el puesto de trabajo que venía ocupando previo a esa situación y pasa, siempre y cuando sea posible, a ocupar uno específicamente previsto para los funcionarios policiales que están en dicha situación", de modo que debe producirse "un cese en el puesto ocupado en situación de activo y se tomará posesión en otro nuevo de segunda actividad con sus correspondientes retribuciones".

Así, el PSOE, a través de un comunicado, ha denunciado "el hartazgo de la ciudadanía ante la costumbre de este Ayuntamiento de desoír clamorosamente las disposiciones legales para favorecer a quienes son de su confianza, tanto en asuntos urbanísticos como de otra índole", así como "los costes que llevan años soportando las arcas públicas, el dinero de todos los vallisoletanos, a consecuencia de las sentencias judiciales que dan la razón a afectados contra las decisiones de Javier León".

El Grupo Socialista preguntará a cuánto ascienden las costas que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar a consecuencia de esta nueva ilegalidad, y exige que el alcalde dé instrucciones al equipo jurídico municipal para que se evite el recurso de casación y se asuma de inmediato el mandato judicial, especialmente teniendo en cuenta que hay personal sobradamente cualificado en la Policía Municipal para hacerse cargo del puesto de superintendente sin que sea necesario alargar artificial e ilegalmente el mandato del actual, que supera ya los 24 años.