El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se fija como objetivos para el nuevo Año Judicial, que se ha inaugurado este jueves, la persecución y represión de la corrupción con "eficacia" y de forma "rápida" y "contundente" y una respuesta "responsable" de los problemas sociales, como los desahucios o las preferentes, a través de una interpretación de las leyes ajustada a la realidad social.

Así lo ha expuesto su presidente, César Tolosa, quien ha defendido que el poder judicial debe responder a la "preocupación" ciudadana por los casos de corrupción política o económica y contribuir a que "crean" en un sistema democrático que, a su juicio, ha sido "gravemente perturbado por la constante aparición de conductas nada ejemplarizantes y que merecen el rechazo social y un contundente reproche penal".

Durante el acto, Tolosa ha señalado que la Justicia "no puede ser un problema para los ciudadanos, sino la solución de sus problemas" y debe ser un instrumento "esencial" para recuperar la confianza de los ciudadanos en esa Administración y en todas las instituciones, además de "facilitar" la recuperación económica y la creación de empleo.

Aumento de la tutela social

En el acto, ha señalado que el inicio de la crisis trajo, no sólo un incremento de asuntos ingresados en los juzgados, fundamentalmente entre de orden civil y social, sino también, "en los últimos tiempos", una mayor tutela social en la tutela de la situación de las personas económicamente más vulnerables y más propensas a la exclusión social, como los afectados por los desahucios o el problema de las preferentes.

Según ha dicho, en los desahucios, el juez se convierte "en protagonista sin quererlo de un problema, más que jurídico, político o social" en el que, a su juicio, hay que encontrar un "equilibrio" en la interpretación de las leyes de acuerdo a la realidad social y una aplicación armónica entre la legislación nacional y la de la UE.

NECESIDADES

Por otra parte, Tolosa ha reclamado que, aprovechando la financiación de las obras que restan de Valdecilla por parte del Estado, se "retomen los esfuerzos" para dotar al Instituto de Medicina Legal de una sede "digna", y que se agilicen los trámites para paliar en un plazo "razonable" las deficiencias de algunos edificios judiciales.

La creación de un nuevo juzgado en los partidos judiciales de Torrelavega y San Vicente de la Barquera; la consolidación de las plazas civiles en la Audiencia Provincial, y el traslado de los juzgados de Santoña han sido otra de las peticiones mencionadas por Tolosa.

También ha confiado a que, en el marco del Plan de reordenación de edificios de la Administración autonómica, se pueda dotar a los órganos judiciales de algún edificio que permita solucionar "los problemas actualmente existentes".

Las necesidades de personal también han estado presentes en el discurso de Tolosa, que ha pedido un "incremento y una adecuación de la planta judicial" adaptadas a las necesidades reales y a la carga de trabajo de los órganos judiciales y ha pedido jueces adjuntos para los tribunales superiores de justicia, entre ellos el de Cantabria, para cubrir las "eventuales necesidades de sustitución" y las de larga duración.

Mejora de la tasa de resolución

Ha afirmado que esta falta de personal no se ha traducido en una peor tasa de resolución ni en un incremento de los tiempos de pendencia por el "esfuerzo" de los miembros de la carrera judicial.

De hecho, ha apuntado que la tendencia "positiva" en cuanto a asuntos resueltos en 2012, que llegó a "cifras nunca antes alcanzadas", se ha superado en los seis primeros meses de 2013, llegando a una tasa del 1,09.

En el primer semestre del año, han entrado 57.318 asuntos y se han resuelto 62.299, más de los que ingresaron, con lo que se ha conseguido reducir los asuntos en trámite de 33.594 a 28.843, lo que, según Tolosa, equivale "prácticamente el trabajo de un trimestre".

REFORMAS

El presidente del TSJC se ha referido a asuntos que trascienden el ámbito judicial de Cantabria y ha subrayado las "dudas" que le genera la limitación de las competencias del CGPJ y el nuevo funcionamiento que traerá la reforma del Consejo y ha deseado que "se despejen en un futuro de forma satisfactoria".

A su juicio, esta reforma "sólo" tiene sentido si busca lograr el buen gobierno del poder judicial y garantizar la salvaguarda de la independencia judicial y evitar la politización de la Justicia, algo que se realiza "desapoderando" al Ejecutivo de sus atribuciones relativas con el Estatuto de Jueces y Magistrados

También ha subrayado la necesidad de reorganizar la demarcación judicial, calificada de "anacrónica" y "poco eficaz", si bien ha defendido que "no parece conveniente" que una reforma de "calado" como esta se haga de forma "precipitada y sesgada".

El discurso de Tolosa ha coincidido, en parte, con algunos de los aspectos mencionados previamente en el acto por las dos vocales por Cantabria del CGPJ, Margarita Uría y Gema Gallego, que han calificado de "insuficiente" la actual planta judicial y tildado de "obsoleta" la demarcación judicial, defendiendo la necesidad de conformar un "nuevo mapa judicial" a pesar de las "críticas exacerbadas".

Por otras parte, ambas han lamentado el "convulso periodo" que ha supuesto su mandato, en el que han existido "circunstancias adversas" y "desagradables sucesos" que, a su juicio, "poco" han ayudado a prestigiar el órgano.

De hecho, Uría ha asegurado no estar "especialmente orgullosa" del periodo de su mandato a pesar del trabajo realizado en la carrera judicial.

Ambas se han referido al perfil del CGPJ, cuya "solidez" y constitucionalidad dependerá, según Gallego, de la autonomía que tenga.

Uría ha hablado de "incertidumbres legislativas", relativas a la reforma del CGPJ, y ha advertido de que el perfil para el CGPJ "no es" el que, a su juicio, le atribuye la Constitución.

Por su parte, la fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, ha subrayado el "esfuerzo" realizado por los fiscales y sus apoyos en la comunidad autónoma y se ha referido a algunos aspectos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno de España, como la inclusión de la figura del fiscal instructor o la doble instancia penal.

Además, ha vuelto a reclamar la necesidad de modernizar la Administración de Justicia y ha afirmado que este nuevo Año Judicial debe ser el de la "consolidación definitiva" del sistema de gestión para la Justicia Vereda.

Las intervenciones de todos ellos han sido seguidas en el por el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; el presidente de Cantabria, Ignacio Diego; el del Parlamento, José Antonio Cagigas, la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

En el acto, celebrado en el complejo judicial de Las Salesas, también han asistido varios diputados, el rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal y otras autoridades de distintos ámbitos de la comunidad autónoma.