El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la petición de PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG de devolver al Gobierno el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, mediante el rechazo de sus enmiendas de totalidad por parte del PP, UPN, Foro de Asturias y Coalición Canaria.

UPyD ha sido la única formación que se ha abstenido, mientras que el resto de grupos de la oposición las han respaldado. El Gobierno ha solicitado que la norma se tramite por el procedimiento de urgencia, por lo que, según el ministro Arias Cañete, a primeros del año 2014 estaría en condiciones de "imponer las primeras sanciones, en el caso de que persistiera esta actividad".

La mayoría de los grupos de la oposición han rechazado durante el debate por exprés y mercantilista el proyecto de ley.

Al defender la iniciativa en el pleno, el ministro de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado que la norma responde al compromiso del Gobierno de afrontar "una profunda reforma de nuestra legislación ambiental".

Fue a finales de agosto cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que unifica las leyes de evaluación ambiental estratégica y la de evaluación de impacto ambiental.

Arias Cañete ha defendido que esta ley sirve para corregir las insuficiencias detectadas en los 25 años de aplicación en España de la evaluación ambiental, como pueden ser la diversidad de normativas, "que genera inseguridad jurídica y confusión a los ciudadanos", o la tardanza en la emisión de algunas declaraciones de impacto ambiental, "dilaciones que no encuentran justificación desde el punto de vista de la prevención ambiental".

De hecho, ha apuntado que los expedientes de resolución pendientes de evaluación ambiental alcanzan los 10.000 en todo el territorio, una cifra "llamativa" y provocada por el hecho de que su tramitación sea "muy larga" y se alargue hasta "los tres años y medio", cuando la ley fija los dos años. Por ello, la normativa ajusta los tiempos de tramitación a cuatro meses para la evaluación de impacto ambiental ordinaria y se establecen como potestativos algunos trámites que antes eran obligatorios.

Los grupos de la oposición que han presentado enmiendas de totalidad al texto han coincidido a la hora de criticar el "oportunismo" de la normativa, dado que Bruselas está estudiando esta misma semana una nueva directiva europea sobre la materia. Señalan que la aprobación de esta ley va a ser "estéril" porque en un futuro cercano habrá que volver a adaptar la normativa española.

Otro de los puntos que ha creado mayor discrepancia entre la oposición es la invasión de competencias que, a su juicio, se produce con esta normativa, especialmente criticada por CiU, ICV, y el BNG.

Igualmente, critican que esta normativa supone un paso atrás en materia de evaluación ambiental y, como ha asegurado Olaia Fernández Davila, del BNG, no soluciona los problemas, ni mejora la calidad de los informes, mermándose el carácter y objetivos de la evaluación ambiental.

Además, la mayor parte de los grupos de la oposición han coincidido también a la hora de destacar la importancia que supone una normativa de estas características para evitar en el futuro casos como el del proyecto Castor, cuya actividad previsiblemente ha provocado centenares de terremotos en la costa mediterránea.

Desde el PP, Guillermo Collarte, ha criticado que la oposición rechace la tramitación de esta ley que, a su juicio, va a dar garantías ambientales y va a agilizar los procesos de tramitación de las evaluaciones.