La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha abogado este jueves ante el Pleno del Parlamento, en un debate sobre la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 en la comunidad, por agilizar la revisión "en profundidad" del sector público instrumental y mejorar la equidad y eficacia del sistema tributario.

En respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, la presidenta ha aludido al contexto tan difícil en el que se tienen que elaborar los presupuestos andaluces del próximo año, por la disminución de ingresos procedentes del Estado, lo que va a conllevar "revisar todas y cada una de las partidas y ver los ingresos y los gastos, porque habrá que decidir bien".

En relación con los ingresos, ha estimado que hay que mejorar los que vienen de los fondos europeos; hacer efectiva la operación de venta de activos, y apostar por la equidad y eficacia del sistema tributario, lo que es una seña de identidad de las dos fuerzas que componen el Ejecutivo andaluz, como se ha puesto de manifiesto con algunas normas que se han aprobado.

"Habrá que priorizar qué partidas son más importantes frente a otras", según Díaz, para quien, sin duda, hay que explorar nuevas vías para adelgazar estructuras y suprimir lo superfluo, sin caer "en la tentación" que nos pone la derecha, que entiende que para que lo público sea rentable, hay que reducir su coste y el número de empleados.

Ha querido dejar claro que su Gobierno va a seguir ahorrando en partidas no relacionadas con los servicios públicos esenciales, por ejemplo, en publicidad o protocolo, al tiempo que se ha mostrado partidaria de revisar en profundidad el sector público instrumental, sin olvidar que el 90 por ciento del gasto del mismo se dedica a gasto social. Así, la presidenta ha abogado por agilizar cuanto antes el informe de una comisión de expertos independientes sobre el sector público.

También se ha referido a la mejora de estructuras en la administración haciéndolas más flexibles y ha insistido en que hay que proteger el empleo al máximo, mantener los servicios públicos fundamentales y empezar a caminar en el nuevo modelo productivo que necesita Andalucía. Ha apuntado que, con estas premisas, teniendo claro cómo enfocar los ingresos y priorizar el gasto, el Gobierno andaluz estará en condiciones de presentar el presupuesto que necesita Andalucía.

En cuanto a los PGE de 2014, la presidenta ha denunciado la "decisión política" del Gobierno central de volver a incumplir la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, de manera que ha reclamado la convocatoria de la comisión bilateral Estado-Junta para analizar la inversión en Andalucía en los últimos siete años y de cara a 2014 y que ello evite la decisión de tener que recurrir a los tribunales.

Para Díaz, los PGE del próximo año renuncian al crecimiento, a la creación de empleo, a aumentar el consumo y a mejorar la competitividad de la economía, mientras que optan por devaluar los salarios y empobrecer a las familias. Ha agregado además que renuncian a lo publico porque pretenden privatizar lo que es rentable y a proteger a las personas, como se ve con medidas como el copago, en los recortes en dependencia o en la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

"Suponen una vuelta de tuerca en la asfixia económica de las comunidades, especialmente de Andalucía, y pretenden hacer insostenible el estado del bienestar", según ha dicho Díaz de los PGE, mostrándose convencida de que todas esas reducciones no son decisiones económicas, sino ideológicas.

Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha indicado que los PGE de 2014 van a condicionar muy negativamente los presupuestos que deben elaborar las comunidades y van a afectar a Andalucía de manera muy especial, por "esa inquina" que el PP demuestra hacia nuestra tierra.

Ha criticado que el Estado, responsable de hasta el 80 por ciento del déficit acumulado, se reserva para 2014 hasta el 83 por ciento, permitiendo sólo el 17 por ciento restante a las comunidades, que con las que realizan el 35 por ciento del gasto conjunto de todas las administraciones públicas. Ha denunciado que la derecha utiliza el déficit para buscar el deterioro y la destrucción de la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Ha señalado además que el Gobierno central recorta la capacidad de las comunidades para financiar los servicios públicos, con el "estrangulamiento en el sistema de financiación" y por los recortes en los gastos que el Estado va a hacer en el conjunto de las comunidades. Ha indicado que los PGE empobrecen cada vez más a los ciudadanos y atentan contra la cohesión social, al tiempo que suponen un "sablazo, un tijeretazo y un robo a los andaluces de más de 1.200 millones", por cuanto tampoco se recoge un nivel de inversión en la comunidad en función de su población.

Castro ha abogado por explorar todas las posibilidades de la comunidad autónoma en relación con la políticas ingresos, teniendo en cuenta que las prioridades deben ser el empleo y las políticas sociales. Ha demandando la movilización política y social para reclamar más transferencias de ingresos desde el Gobierno a Andalucía, que requiere de unos presupuestos autonómicos "de resistencia" que muestren diferencias patentes no solo con los PGE, sino con las cuentas de otras comunidades que "malvenden y deterioran lo público", así como por elaborar una propuesta propia en materia de financiación para ofrecerla al resto del Estado.