Medio centenar de policías municipales de Tijuana, una de las ciudades más violentas de México, patrullan las calles armados sólo con tirachinas.

Con ellas tienen que defenderse y mantener el orden en una urbe dominada por las armas de alto poder de los narcos, los traficantes de ilegales y los comandos paramilitares.

Los policías provistos con tirachinas están encargados de vigilar las zonas turísticas de la ciudad, según fuentes oficiales.

Nexos con narcos

El pasado 4 de enero, elementos del Ejército mexicano desarmaron a unos 2.000 policías municipales de Tijuana para investigarlos sobre sus presuntos vínculos con los carteles de la droga.

La penetración de estas organizaciones criminales en Policía y Ejército mexicanos suele ser profunda. Los cárteles de la droga reclutan a ex policías, militares y miembros de élite de las fuerzas de seguridad para sus propios comandos; ése es el caso de Los Zetas, un cuerpo paramilitar formado por el Cártel del Golfo con ex miembros del Ejército en los años 90.

El nuevo presidente mexicano, Felipe Calderón, prometió "mano dura" contra las organizaciones criminales. Desde su llegada al poder en diciembre pasado, ha enviado a 27.000 policías y militares a zonas conflictivas, como los estados de Michoacán y Guerrero y a la ciudad de Tijuana, entre otras.

Policías sin armas

Así, las autoridades federales requisaron las armas de 2.000 policías municipales en Tijuana para investigar si habían sido usadas en crímenes ligados al narco.

Como los federales aún no han devuelto las armas, los jefes policiales se han visto en la necesidad de armar a sus agentes con tirachinas (llamas huleras en México), palos, bates de béisbol y otros utensilios.

Tensión por extradiciones

La "mano dura" del presidente Calderón también incluye extradiciones a EEUU de capos del narcotráfico. El pasado viernes fueron enviados a la Justicia estadounidense a diez de ellos, algunos tan importantes como Osiel Cárdenas, jefe del cártel del Golfo; Héctor El Güero Palma, del cartel de Sinaloa, e Ismael Higuera El Mayel, del cártel de los Arellano Félix.

Según los especialistas, estas políticas pueden desatar más violencia.

"La militarización y las extradiciones masivas en nombre de la lucha antidrogas y la atracción de inversiones no resolverán por sí solos el problema de fondo, pues esa estrategia está diseñada para complacer a los empresarios golpeados por la violencia y los secuestros y al proyecto de Seguridad Nacional de EEUU", comentó a EFE Raúl Ramírez, especialista en seguridad en Tijuana.

Una política parecida, llevada a cabo por el Gobierno colombiano en los años 90 del siglo pasado, desató una fuerte ofensiva de los cárteles de la droga que puso en jaque al estado de Derecho. Los narcotraficantes , unidos en un ejército llamado Los Extraditables, preferían la tumba a ser llevados ante la Justicia estadounidense.