Las normas de convivencia que prepara el Ayuntamiento de Madrid han sido acogidas con indignación por los colectivos incluidos en la ordenanza. Si se cumple la ley al pie de la letra, la Policía Municipal estaría habilitada para multar a las decenas de mendigos que piden limosna en las calles del centro, a las personas que piden la voluntad a cambio de un paquete de pañuelos o a los grupos que instalan sus tiendas en la vía pública para protestar contra injusticias. De forma indirecta, también se sienten afectadas las prostitutas, ya que temen perder clientela por las multas a los hombres que reclamen sus servicios.

Para todos los implicados, la normativa es "injusta", ya que los criminaliza al incluirlos dentro de una lista de comportamientos considerados incívicos. "¡Qué poca sensibilidad! ¿Me van a hacer pagar una multa por ser pobre? Esto no es un placer, pido en la calle porque no tengo trabajo y mi único objetivo es sobrevivir cada día", explica Enrique, que pide limosna habitualmente en una acera de la calle Mayor. "Si pides dinero, te multan; y si robas, vas a la cárcel. Yo pido porque nadie me da un empleo y no quiero robar, ni lo voy a hacer", explica este hombre, antes de concluir: "Esto es claramente una operación de la alcaldesa para limpiarnos de la calle. Pero para ello es más sencillo y humano ir al origen, para evitar que lleguemos a la necesidad de pedir".

Con la ordenanza en la mano, Enrique tendría que pagar 750 euros por ejercer la mendicidad junto a comercios y centros empresariales. "Es absurdo. ¿Cómo lo voy a pagar si gano 5 euros al día para comer? Necesitaría pedir todo un año para pagar esa multa", recuerda. También se sancionaría con esa cantidad a los que duermen sobre bancos (por hacer un "uso indebido" del mobiliario urbano) y a los que ofrecen pañuelos a los conductores de vehículos, una práctica habitual en las avenidas de la capital.

La multa sería de 1.500 euros para los gorrillas que piden dinero por guiar a los coches durante el aparcamiento (al considerar que utilizan "actitudes coactivas") y las personas que se ofrecen para limpiar los parabrisas en los semáforos. El área municipal de Servicios Sociales asegura que esta normativa va "dirigida a las mafias que explotan a estas personas" y que "las personas que piden limosnas rara vez serán multados; antes se les atenderá mediante los servicios sociales".

También se multaría a los clientes de prostitutas, con sanciones de 1.500 euros si piden sus servicios junto a colegios y hasta de 3.000 si consuman el acto sexual en la vía pública. En este caso, las personas que se dediquen a la prostitución no serán sancionadas, pero los efectos de la ordenanza afectarán a sus ingresos, según denuncian todas las meretrices consultadas por este periódico. Una de ellas es Erica, que ejerce en Caballero de Gracia, junto a Montera: "Los hombres van a dejar de venir por miedo a que les multen y eso nos afectará, esta es nuestra forma de vida. Es desagradable tener que hacer esto, pero a mí al menos no me queda otro remedio".

Ella también cree que la ordenanza tiene un "objetivo de limpieza de las calles, como si fuéramos unas apestadas". "He oído a alguien del Ayuntamiento decir que lo hacen por nosotras, para que no nos exploten. Pero no nos han preguntado. Yo no estoy dirigida por ninguna mafia, ni lo hago por vicio, lo hago por necesidad; y lo seguiré haciendo aunque sea a escondidas. Si se preocupan tanto por nosotras que legalicen esto, así podríamos trabajar en condiciones dignas, aportar dinero en impuestos y tener seguridad y sanidad", cuenta Erica. "Al fin y al cabo, esta es la profesión más antigua y siempre habrá gente que nos solicite". En cualquier caso, desde el Ayuntamiento aseguran que las prostitutas son "víctimas y en ningún caso culpables de esta situación", por lo que solo multarán a clientes y proxenetas.

Tampoco estarán permitidas las acampadas callejeras sin autorización, bajo sanción de 750 euros. Con este criterio habrían recibido sanción varias protestas realizadas en Madrid en los últimos años, como el 15-M en Sol, los afectados por los desahucios de Bankia en Celenque o los cooperativistas del Sureste en la Cuesta de Moyano. Actualmente, la acampada más duradera en la capital es la que mantienen los refugiados cubanos en la plaza de la Provincia, frente al Ministerio de Exteriores (ya llevan casi 550 días).

Uno de los integrantes de esta protesta, Douglas Faxas, denuncia que el Ayuntamiento "está buscando pretextos para reprimir las protestas ciudadanas; no somos incívicos ni molestamos a nadie, estamos aquí para luchar contra una injusticia que sufrimos". Otro de sus compañeros, Carlos Rodríguez, lo resume con una frase: "Estamos aquí por un problema creado por la administración española. Ellos, en vez de solucionarlo, nos amenazan con multas. Somos víctimas de este sistema. ¿Y esto es España? Con estas leyes parece que seguimos en Cuba".