UGT cree que la renuncia del Ayuntamiento a la ayuda a domicilio sería "la mejor opción" para las trabajadoras

IU alerta de que esa decisión sería "el primer paso hacia la desarticulación" del Consistorio

El secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, ha manifestado que al sindicato no sólo "no le preocupa" la denuncia por parte del Ayuntamiento de Jaén, del convenio para la prestación del servicio de ayuda a domicilio suscrito con la Junta de Andalucía, sino que la posibilidad de que el Consistorio renuncie a dicha labor sería "la mejor opción" para la plantilla de Multiservicios Jabalcuz, empresa encargada de esta labor y a la que, según ha recordado, se le adeudan las nóminas de agosto y septiembre.

En declaraciones a Europa Press, Cazalilla ha argumentado esta posición señalando que, si se rompe el convenio, la Junta "podría habilitar un procedimiento para transferir directamente el dinero a la empresa", lo que, a su juicio, favorecería a las trabajadoras, porque "el Ayuntamiento se queda con la mitad de lo que le abona la Junta y no lo dedica a la dependencia".

En ese sentido, el representante sindical ha señalado que la labor que realiza el Gobierno andaluz en esta materia es "mejor" que la del Consistorio a pesar de "los retrasos" que, según ha reconocido, existen por parte de la Administración autonómica a la hora de realizar las correspondientes transferencias.

Para el secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT-Jaén, el anuncio de denuncia del convenio realizado por el alcalde es "un arrebato" al que los ciudadanos "ya están acostumbrados", además de "una represalia" porque "no ha sido capaz de demostrar lo que el sindicato ha acreditado con papeles, y es que el dinero que está transfiriendo la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para la dependencia no está llegando a las trabajadoras".

En esa línea, Cazalilla ha insistido en señalar que el gobierno local del PP está actuando "peor" que el anterior, en manos de PSOE e IU, y al que Fernández de Moya "criticaba", por aplicar "una caja única" a la hora de recibir el dinero procedente de la Administración autonómica.

"El Ayuntamiento está actuando como rehén del dinero de la Junta e intermediario, por lo que su renuncia a la ayuda a domicilio sería la mejor solución", según ha aseverado Cazalilla, quien, no obstante, ha puntualizado que, de materializarse esa "amenaza", el alcalde "tendría que dar una explicación política a trabajadoras y usuarios sobre por qué no quiere hacerse cargo de un servicio que, hoy por hoy, y aunque le pese, es suyo por ser Jaén un municipio de más de 20.000 habitantes".

Según el representante de UGT, esta postura encaja con la actitud del PP a nivel nacional, que "ya se sabe que no quiere saber nada de la dependencia", para la que, según ha remarcado, "ha recortado más de 1.000 millones de euros" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014, algo que "sí preocupa" al sindicato "por la repercusión que pueda tener en Andalucía".

Iu pide "sensibilidad"

Por su parte, la portavoz de IU en el Ayuntamiento, Isabel Mateos, ha calificado este miércoles al alcalde de "insensato" por la posible renuncia a la prestación del servicio de ayuda a domicilio, una cuestión que ha pedido abordar "con un poco más de sensibilidad y afecto".

En una nota, Mateos ha alertado de que esta decisión supondría "un primer paso hacia la desarticulación del Ayuntamiento y la puesta en marcha, de hecho, de la reforma de la Administración local" del Gobierno central, de forma que "según esa misma regla de tres, el alcalde podría prescindir del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe), el Patronato de Asuntos Sociales o la televisión local, al desarrollar estos organismos competencias propias de la comunidad andaluza".

En esa línea, Mateos ha instado a Fernández de Moya a que "diga a los ciudadanos y a los empleados públicos cuáles son las competencias que finalmente tendrá el Ayuntamiento y qué servicios prestará", al tiempo que ha tachado de "peligroso, descabellado y poco sensato aducir sólo criterios económicos a la hora de cuestionar un servicio como el de la dependencia, que afecta a tantas personas y a sus familias", que "no pueden ni deben estar a expensas de quién pague la factura", según ha apostillado.

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