El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta con ruego de respuesta oral al Consejo de Gobierno en la que cuestiona a la Junta por cómo ha garantizado durante los meses del pasado verano la aplicación del plan de comidas incluido en el decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en la región.

Dicha cuestión, elevada por la diputada del PP Rosario Alarcón, se justifica, según los términos de la pregunta consultada por Europa Press, en la manifestación de diferentes ONG de que habían desistido de participar en el plan ante la falta de garantías por parte del Gobierno andaluz de financiar sus proyectos.

Este aspecto trascendió con motivo de otra pregunta, elevada en este caso por el Grupo de IULV-CA, en la que se instaba a informar sobre las medidas para garantizar "un mínimo de efectividad y eficacia real" al objetivo de dar asistencia alimentaria durante el período de vacaciones escolares (julio y agosto) a menores en zonas con necesidades de transformación social.

Al respecto, uno de los principales instrumentos de la red alimentaria lo constituye la creación de una línea específica de subvenciones por parte de la otrora Consejería de Salud y Bienestar Social, con la emisión de una orden que tiene por objeto la financiación de actuaciones dirigidas a la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de exclusión social, servicio de catering a domicilio para las personas mayores de 65 años con bajos recursos económicos y asistencia alimentaria durante el período de vacaciones fuera del calendario escolar para menores en zonas con necesidades de transformación social.

Precisamente en relación con este último aspecto, algunas ONG se animaron a elaborar un proyecto de comedor infantil durante los meses de julio y agosto (vacaciones de verano), que contemplaba la contratación en los citados meses de profesionales desempleados para la preparación y distribución de la comida.

Al presentar dicho proyecto en la correspondiente Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, "se encontraron con que no se les garantizaba ningún pago durante los meses de julio y agosto ni, probablemente, septiembre", lo que les obligaba a la búsqueda de financiación puente que permitiese el pago en tiempo y forma tanto de los trabajadores como de los proveedores del material necesario.

"Como es lógico, para conseguir dicha financiación puente les resultaba imprescindible algún tipo de compromiso formal de la Consejería que garantizara el cobro posterior; sorprendentemente, se encuentran con que desde las delegaciones territoriales de la Consejería se les informa que los proyectos presentados no podrán ser evaluados antes de septiembre", remarcaba la federación de izquierdas.