La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha señalado que "está pendiente" de que el Gobierno central aclare si recurrirá la Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como 'ley antidesahucios', que ha entrado en vigor este miércoles, una normativa que, a su juicio, "es más populistas que otra cosa", porque "efectividad no se le está viendo mucha".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Crespo ha destacado que "hay algo muy importante que hay que analizar", como es el hecho de que existe una Ley nacional que "garantiza la igualdad de acceso a estas posibilidades de todas las personas que puedan ser desahuciadas y están en riesgo de exclusión social en toda España".

Así, la delegada asegura que "en Andalucía se ha visto un decreto que crea inseguridad jurídica, como lo ha dicho el Gobierno de España y a nivel europeo". Además, "aleja a los inversores de Andalucía" y eso "no nos interesa en estos momentos de crisis cuando parece que estamos empezando la recuperación", afirma, toda vez que señala que "no da solución factible y viable a las personas que pueden ser desahuciadas".

No obstante, Crespo precisa que "están dispuesto a dialogar". En este sentido, recuerda que "ya se planteó hablar con la Junta de Andalucía después de que el Gobierno pusiera el recurso, tal y como se está haciendo en todas las materias", porque el Gobierno "atiende a Andalucía como tiene que hacerlo, como una tierra importante de España y que necesita del apoyo del Ejecutivo central"

Además, Crespo ha señalado que en los Presupuesto Generales del Estado (PGE) "aparecen 126,6 millones de euros que se transfieren a Andalucía para trabajar en la política de alquiler y rehabilitación de vivienda" y "en estos momento la comunidad tiene un problema grave" en ambos sentidos, y "ahí la Junta tiene que tener un papel fundamental porque se le transfiere el dinero", ya que tiene que ser ella la que "haga convenios con los ayuntamientos".

Por último, la delegada insta a la Junta "a poner todo el parque de vivienda de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) a disposición de las personas que puedan ser desahuciadas". "La normativa nos tememos que algunas veces son más populistas que otra cosa, porque efectividad no le estamos viendo mucha, cuando a nivel nacional hay parálisis en las cuestiones de muchos desahucios y se está atendiendo la necesidad de muchas personas que lo están pasando mal".

"Con este tema no me gusta que juegue ninguna institución porque estamos jugando con la necesidad de muchas familias", concluye la delegada.