La audiencia previa al juicio por la demanda que el registrador de la propiedad Francisco Riquelme presentó contra el abogado José Luis Mazón, por entender que el letrado vulneró su derecho al honor, ha quedado aplazada al próximo lunes a las 13.30 horas en el Juzgado de primera instancia número 10 de Murcia por la no asistencia del Fiscal.

Cabe recordar que Riquelme considera que el letrado vulneró su derecho al honor al insinuar en medios de comunicación que pudo llegar a un acuerdo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "para constar como registrador en Santa Pola (Alicante)", pero que el líder del PP "siguiera percibiendo parte de su sueldo".

La juez ha adoptado la suspensión de la audiencia ante la no asistencia del Fiscal a la vista, "pese a que estaba citado desde julio de 2013 y a que ella misma ha ordenado llamar a la Fiscalía situada en el mismo edificio para que acudiera un fiscal", según ha informado Mazón a Europa Press.

La abogada de Mazón, Encarnación Martínez, se ha opuesto a la suspensión porque la ley no contempla como causa de suspensión del juicio civil la falta de asistencia de ninguna de las partes "a menos que se tratara de una causa justa que aquí no se ha intentado ni siquiera demostrar", según el abogado.

La juez ha denegado el recurso oral formulado por la defensora de Mazón, y el abogado ha pedido ya a la Fiscalía General del Estado "que investigue la no asistencia de un representante de la Fiscalía que estaba citada desde julio del 2013 al mismo tiempo que las demás partes".

La Audiencia Previa pretende que las partes intenten llegar a un acuerdo y se examinen, en su caso, las cuestiones procesales que puedan impedir a la prosecución del proceso, según indica la diligencia de ordenación.

Mazón percibe un "clima anormal" en el desarrollo de la audiencia teniendo en cuenta que tras la demanda de Riquelme "abre puerta directa a la investigación del expediente de Rajoy como registrador, y que esto puede afectar negativamente a la carrera política de Rajoy".

A la audiencia, explica, "no ha acudido ni Riquelme ni su abogado firmante de la demanda, Andrés Santiago Arnaldos, sino un empleado o sustituto de este".

A juicio de Mazón "da la impresión como si estuvieran estudiando retirarse del caso con esa bajada de representación", por lo que se pregunta si Rajoy "le ha echado la bronca a su amigo Riquelme al volver a la actualidad el tema del expediente oculto sobre el Registro de Santa Pola".

Relato de los hechos

En declaraciones a Europa Press, Mazón recuerda que Riquelme es el registrador que sustituye desde 1990 a Rajoy "de forma permanente el registro de Santa Pola", donde el presidente del Gobierno "sigue figurando como titular". El registrador abanillero "desempeña al mismo tiempo su puesto en la misma jornada de trabajo, de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas", indica el letrado.

El abogado cree que hay "indicios" de que Rajoy, "unido por una amistad" con Riquelme, "haya podido seguir cobrando dinero del registro de Santa Pola", ya que el artículo 541 del reglamento hipotecario "establece que tanto el titular del registro como el interino tienen derecho a repartirse los ingresos".

Mazón precisa que el artículo 541 del reglamento hipotecario "es la norma por la que se le concedió a Rajoy los servicios especiales, que es el nombre con el que se conoce la excedencia". Por eso, explica que sigue habiendo indicios de que Rajoy "pudiera seguir cobrando" a no ser que se demuestre que el presidente del Gobierno "renunció desde el primer momento", apunta.

El registrador reclama a Mazón una indemnización de 100.000 euros, y aunque el letrado cree que la "falta de base" de esta demanda "es notoria", ha dicho "aceptar el guante".

De hecho, el abogado murciano solicitará en la audiencia previa "las pruebas aclaratorias de los hechos" y, entre ellas, el "expediente "por el que ambos registradores pudieron alcanzar dicho acuerdo".

Además, el letrado va a pedir el libro de socios y las cuentas de la empresa

Inlimur sl "que, curiosamente, Riquelme creó justo el día anterior, en marzo de 1990, a que Rajoy tomara la situación de servicios especiales por desempeño de cargo público de diputado".

Con esta petición, Mazón pretende esclarecer si Rajoy "es el socio oculto de INLIMUR, cuyo apoderado es Riquelme y administrador único la mujer de Riquelme, y si se han podido canalizar las posibles ganancias de la sustitución en favor de Rajoy por esta acequia subterránea".