La segunda fase de la operación 'Heracles' se salda hasta el momento con nueve detenidos y diez registros

La juez considera que las empresas del "tándem Sayago-Rosendo" obtuvieron 32 millones en ayudas "de forma arbitraria"

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía considera que el exdirector del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla y exgerente provincial del IFA Manuel Enrique Rodríguez Contreras, una de las nueve personas detenidas este martes por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles', era una persona "de la absoluta confianza" del exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

En el auto por el que acuerda la práctica de diez registros domiciliarios, dictado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya subraya que "diversos indicios lo señalan como una persona de la absoluta confianza" de Viera, quien, según la propia Guardia Civil, "pudo haber jugado un papel esencial en la concesión de determinadas ayudas" —las de la Sierra Norte de Sevilla— en las que Enrique Rodríguez "tuvo una significativa intervención".

De este modo, dice que el detenido "tuvo una intervención destacable" en la concesión de determinadas subvenciones, como la ayuda concedida a 'Producciones Barataria', que estaba "huérfana de procedimiento legal, hecho que sería conocido por dicho señor", aunque la juez subraya que no se trata de un caso "aislado", pues "indiciariamente" habría tenido una intervención "esencial" como "perfecto conocedor del sistema opaco utilizado" para "la consecución de otras ayudas a personas de su círculo próximo", como las dadas a su propio municipio, Las Navas de la Concepción.

A juicio de la instructora, el exalto cargo de la Diputación de Sevilla adoptó "significativas arbitrariedades" para conceder estas ayudas a empresas y "podría ser responsable de haber prometido y facilitado importantes subvenciones excepcionales" que finalmente se otorgaron "de forma fraudulenta" a cargo de la partida 31.L, conocida popularmente como 'fondo de reptiles', "por decisiones influidas de intereses particulares".

Ayudas a los ayuntamientos de guadalcanal, CAMAS,

Coria y la puebla

"Como consecuencia de estas decisiones", determinadas sociedades de Las Navas obtuvieron ayudas por importe total de 2,1 millones de euros, dice la magistrada, quien añade igualmente que el detenido "sería conocedor de la sucesión de determinadas ayudas a los ayuntamientos de Guadalcanal, Camas, Coria del Río y La Puebla del Río, ayudas que fueron abonadas "con cargo a una partida presupuestaria inadecuada".

Además, y siempre según la juez, Enrique Rodríguez habría intervenido "en el proceso inicial de las ayudas" concedidas a las empresas de corchos de Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

Por todos estos motivos, la juez acordó la entrada y registro en la vivienda del detenido y también en su despacho oficial en la Diputación de Sevilla.

El "tándem" rosendo-SAYAGO

La juez señala que la "escasez documental que obra en los expedientes estudiados" advertida por la Guardia Civil "ha impedido que se recopilen indicios sólidos sobre la participación y el papel jugado por otros importantes cargos públicos que debieron haber conocido de la concentración de importantes ayudas", como en el caso de las concedidas al "tándem" formado por José Enrique Rosendo —hijo del exalcalde de El Pedroso— y José María Sayago, en las que el exalto cargo de la Diputación "incluso habría podido elaborar informes de viabilidad, por lo que es posible deducir que conociera el trato de favor de las empresas pertenecientes al tándem", ubicadas en la Sierra de Norte de Sevilla.

En esta línea, la juez dice que, a través de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, se han podido constatar nuevas ayudas a dos sociedades "de las que no se tenía constancia" hasta la fecha, como son 'Cervecería Giralda' y 'Restaurante Jamaica', vinculadas a través de una sociedad interpuesta al "tándem Rosendo-Sayago" y a su "entorno societario", como lo denomina la instructora.

"El referido entorno estaría estrechamente controlado por estas dos personas y se compondría de un gran número de empresas, la gran mayoría sin actividad comercial ni trabajadores dados de alta, creadas con el único objeto de obtener fondos públicos de forma masiva", asevera la juez, quien concluye que las entidades vinculadas a estas dos personas podrían haber obtenido "de forma arbitraria" ayudas públicas por un importe total de 32 millones de euros, "lo que supondría el 61 por ciento del total de ayudas a la Sierra Norte y un 39 por ciento del total de ayudas que se concedieron a las empresas andaluzas" por la Dirección General de Trabajo.

"enriquecimiento personal"

De dicha cantidad, precisa la instructora, la Junta habría hecho efectivo un total de 17 millones "que no habría sido utilizados para el fin inicialmente previsto" y que finalmente habrían provocado el "enriquecimiento personal" de ambos, quienes "harían valer sus relaciones con los responsables públicos que propiciaron la concesión de las ayudas, y pudiera ser a cambio de contraprestaciones de naturaleza pecuniaria".

Por todo ello, la magistrada acordó también la entrada y registro de la vivienda particular de José Enrique Rosendo en Barcelona y de la vivienda de José María Sayago en Sevilla capital.

La segunda fase de la operación 'Heracles' se ha centrado igualmente en los pagos realizados por empresas beneficiarias de ayudas sociolaborales al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, pues la Guardia Civil considera "muy probable" que existan otros pagos en efectivo al propio Lanzas por parte de una serie de empresas. En este sentido, cita los casos de Nexprom S.A., que habría abonado 389.277,51 euros al 'testaferro' Juan Francisco Algarín Lamela, y Río Grande, que habría pagado 93.090,17 euros a Atrado Mensajería, cuyas sedes —las de Río Grande y Nexprom, ésta ubicada en Torremolinos (Málaga)— también ha ordenado registrar, así como la vivienda de la dueña de Río Grande, María del Carmen García.

"SOBRECOMISIONES"

La juez, igualmente, ordenó la entrada y registro en la vivienda del exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, quien habría obtenido 221.543,29 euros por las rentas derivadas de su prejubilación tras el ERE de Hytasal y otros 43.472,18 euros "procedentes del holding Vitalia, derivado de las sobrecomisiones abonadas por la Junta, como retribución por sus gestiones, trabajos, influencias y la facilitación de información, que habrían propiciado la participación de la mediadora en distintos procesos de reestructuración de empresas".

"Estos hechos podrían ser constitutivos de los graves delitos que se investigan", señala la juez, que por este motivo acordó también la entrada y registro en su vivienda en Sevilla capital.

Además de los anteriores, la juez ha acordado registros en la vivienda en Gines (Sevilla) del presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, y en el domicilio de un exdirigente del sindicato CCOO en Córdoba, Francisco Casado, quien ha sido detenido junto a su hermano, José Manuel Casado.